Las protestas de los indígenas en Perú contra el gobierno de Alan García por la derogación de la ley para la explotación de la amazonía, se han visto reducidas hoy ante la posibilidad de una tregua entre los manifestantes y el gobierno del país. Las manifestaciones han provocado enfrentamientos de corte muy violento, llegando a costar la vida de 30 personas.
La demanda principal de los pueblos nativos es la derogación de una ley para explotar la Amazonía, al considerar que atenta contra los derechos de las comunidades que viven en la zona, aunque hasta la semana pasada no habían logrado alcanzar ningún acuerdo al cumplirse casi dos meses de bloqueos y protestas.
El dirigente aborigen Vladimiro Tapayuri ha anunciado la tregua de un día para dejar pasar vehículos y no provocar el desabastecimiento de la población. Hacía más de un mes que bloqueaban una carretera cercana a Yurimaguas, la capital de la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto.
El líder de los indígenas amazónicos, Alberto Pizango, salió del frente de lucha al buscar asilo ayer en la embajada de Nicaragua. Al mismo tiempo, el Gobierno sufría la renuncia de su ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, quien admitió la posibilidad de que la crisis provoque a corto plazo un reajuste en el gabinete.
En Lima, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon, lamentó la renuncia de Vildoso y admitió que la crisis podría provocar cambios en el gabinete, incluso su propia salida. La ministra había discrepado abiertamente con el manejo político de las demandas indígenas.
Yehude Simon ha declarado: “quiero que se dé tiempo y la paciencia suficiente para ayudar a resolver este problema y en ese momento poder dar el paso que se requiere en función de lo que requiere también el Presidente de la República”.
La más polémica de las leyes referentes a la explotación del Amazonas, es la concebida para llevar inversiones a la explotación de hidrocarburos, maderas y otros recursos amazónicos. Esta medida es defendida por el Gobierno de Alan García como clave para facilitar la aplicación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un acuerdo resistido por los indígenas.