El presidente y el secretario general de ARAG-ASAJA, Javier Rubio y José Antonio Torrecilla, han valorado negativamente los criterios de reparto de las nuevas autorizaciones administrativas de viñedo cuyos beneficiarios se han publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Ahora, esperan que para el nuevo reparto, en febrero de 2017, se puedan modificar estos criterios.
En comparecencia de prensa, Rubio si que ha matizado que, a pesar de no estar de acuerdo con el reparto de este año, “ninguno se tiene que sorprender” ya que “tristemente, tras pelear mucho, se nos quitaron los derechos de plantación”, y “se cambiaron las reglas del juego”.
A partir de ahí, ha reconocido que su organización “lleva dos años peleando e intentando cambiar los criterios (de reparto) y criticando los forma aprobada por la Unión Europea de reparto de viñedo”. En este punto, ha recordado que la decisión era que se “repartía a personas menores de 40 años que no tuviesen viñedo, y si tierras en propiedad o arrendamiento”, lo que “nos dejaba fuera a todo el sector agrario profesional riojano”. Hasta ahora, desde la Consejería de Agricultura “se había primado” este último aspecto.
Rubio, además, ha criticado que se ha dado un “agravio más”, y “es que los jóvenes que se incorporaron el año pasado al sector, lo han dejado fuera del reparto de hoy, al tener cartilla de viticultor en su propiedad”.
El presidente de la organización ha mostrado su posición contraria a todo ello, pero ha recordado que cambiar los criterios “hay que trabajarlo”, para a continuación, recordar que en una reunión el 12 de diciembre en el Ministerio “estuvo ARAG-ASAJA, y el resto de organizaciones no estuvieron trabajando para ver cómo se cambiaban los criterios para el año 2017, 2018 y venideros”.
Además, ha criticado al resto de organizaciones agrarias ya que “si por su voto fuese, hubiesen provocado la plantación este año en Rioja de 3.500 hectáreas de viñedo”.
El máximo responsable de ARAG-ASAJA, no obstante, ha abogado por “cambiar las reglas de juego”, teniendo en cuenta que la “viticultura en La Rioja es profesional, de gente muy arraiga a los pueblos, y lo que no puede ser que el viñedo quede en manos de terceras personas”. Además, creen que las concesiones “debían de ser a 10 o 15, para evitar que los titulares cambien en seis años”, para que “el adjudicatario de viñedo siga con el cultivo y viva de él”.
También ha indicado que hay que seguir trabajando, porque “el acuerdo que tenemos es a tres años, pero de aquí a ese tiempo, si no hay acuerdo, podrían entrar a Rioja las hectáreas que sean”. Para Rubio, sobretodo de cara a 2030, “tiene que haber mecanismos de blindaje para que esto no sea una entrada masiva de viñedo incontrolado, sino que lo controlemos el sector”.
Finalmente, el presidente de ARAG-ASAJA ha afirmado que “Rioja si está dónde está es porque tenemos regulada la oferta y la demanda”, y “eso se hace con acuerdos; los que no firman acuerdos difícilmente pueden aportar nada, si pataletas, pero donde se trabaja realmente es en el Consejo Regulador, y trabajando por la Denominación”.
Por su parte, Torrecilla ha ahondado en que los criterios de reparto han sido “injusto”, porque “no estamos de acuerdo a que se abra el melón a gente ajena al sector”, así de “como ha resultado el reparto”. En este punto, ha criticado que “haya explotaciones de menos de una hectárea, que no cumple para nada con la reforma de la OCM, que pasaba por ordenar el sector, y no aporta ninguna competitividad”.
El secretario general de ARAG-ASAJA ha recordado que en la reunión del 12 de diciembre, en la que estuvo el propio Torrecilla, “vimos un poco la luz en este asunto”, ya que el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, les avanzó posibles acuerdos en criterios de reparto en una próxima reunión prevista entre Ministerio y Comunidad Autónomas para el 13 de enero, una vez que “se modifique el Reglamento español”.
Para la organización agraria hay que incluir como criterio de admisibilidad “la capacidad y competencia de profesionales adecuadas. Entre estos se encontrarían los jóvenes que se instalen en el marco de los programas de Desarrollo Rural”. De esta forma, el reparto se dirigiría a las explotaciones profesionales, con la “suficiente experiencia, mejorando así su competitividad y el mantenimiento del tejido rural”.
Dada la inadecuación del actual criterio de prioridad referido a los nuevos jóvenes viticultores se propone su modificación “reconociendo como jefe de explotación para aquellos que deseen acogerse a dicho criterio de prioridad a aquellos que se acojan a la medida de incorporación de jóvenes de los programas de Desarrollo Rural”.
Además, piden como criterio que “se consideren prioritarias a aquellas explotaciones vitícolas que en el momento de presentación de la solicitud se ajusten a unos umbrales determinados”. De este forma se priorizarían las explotaciones vitícolas que cuentan con experiencia y medios suficientes permitiendo en paralelo un reparto más equitativo.
En definitiva, se trataría de “corregir la problemática ocasionada en esta primera convocatoria mejorando la valoración de la viticultura profesional y favoreciendo un reparto más igualitario, lo cual es clave tanto para garantizar el futuro del sector como el desarrollo rural de nuestra región”.
Además, de mantenerse los actuales criterios para la próxima convocatoria de 2017, hemos requerido a la Consejería y al Ministerio que establezca elementos de control adicional para poder así “comprobar con mayor eficacia el cumplimiento de condiciones como la de jefe de explotación que deberá cumplir en el mismo momento de la solicitud condiciones como la disponibilidad de contratos de arrendamientos liquidados y alta en el régimen especial agrario de la seguridad social, en ambos casos con fecha anterior a la de la solicitud de las nuevas autorizaciones administrativas”.