Un día más las calles de Túnez se ven inundadas de manifestantes que protestan con el gobierno de coalición interino, formado tras la huída del hasta ahora presidente del país, Zine al Abdine Ben Alí. Nuevamente el origen de las protestas es la permanencia en el nuevo Ejecutivo de hombres ligados con el régimen anterior y el partido del ex mandatario, la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD).
Los cientos de manifestantes han sido dispersados por la policía tunecina, que ha realizado disparos al aire, según un cámara de Reuters presente en el lugar. Los cuatro ministros que aún no habían abandonado RCD decidieron este jueves darse de baja del partido a fin de satisfacer las demandas de los cuatro sindicalistas y dirigentes opositores que habían renunciado esta semana a sus cargos en el nuevo gobierno interino, según ha informado la televisión estatal tunecina. Los manifestantes reunidos en Túnez exigían que los ministros fueran apartados de sus cargos en el Ejecutivo.
La propia RCD ordenó el miércoles la expulsión de sus filas de Ben Alí y de otros seis altos cargos de su régimen y tanto el presidente interino, Fouad Mebazaa, como el primer ministro, Mohamed Ghannouchi, habían anunciado el martes su salida del partido para cumplir las demandas de la oposición.
Mientras estos cambios políticos se suceden, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha estimado en más de 100 los muertos registrados en Túnez en las últimas semanas, víctimas de disparos, suicidios de protesta y motines carcelarios.
Los abusos de derechos humanos eran el núcleo de los problemas de Túnez que culminaron con la partida del ex presidente Ben Alí, dijo Pillay. “Por lo tanto, los derechos humanos deben estar a la vanguardia de la solución de esos problemas. El pueblo tunecino tiene hoy una tremenda oportunidad de forjarse un futuro mejor, sustentado en las leyes que obedecen a los estándares internacionales”, explicó Pillay.
La Alta comisionada anunció que la semana próxima enviará al país a un grupo de expertos para evaluar las prioridades en materia de derechos humanos.