El Colegio de Podólogos de La Rioja ha trasladado a los partidos políticos de La Rioja regionales su preocupación por la falta de la inclusión de la Podología en el Sistema Nacional de Salud en su programa electoral de las Elecciones Generales. El Colegio de Podólogos se ha dirigido por carta a José Ignacio Ceniceros (PP), Francisco Ocón (PSOE), Pablo Baena (Ciudadanos), Francisco Javier Garrido (Podemos), Rubén Antoñanzas (PR+) y Daniel Soriano (Vox).
Sin embargo advierten de que esta ausencia puede ser aún subsanada en el programa con el que los partidos riojanos se presentan a las próximas Elecciones Autonómicas de mayo. Por este motivo, el Colegio de Podólogos les ha hecho llegar una carta que solicita que trasladen tanto a los candidatos de cada partido al Congreso y al Senado, si se presentan, como a sus candidatos al Parlamento de La Rioja.
La oferta asistencial pública recuerdan que no reconoce el derecho al diagnóstico y tratamiento de las patologías de los pies por los podólogos y “deja a la población la única alternativa, para quien se la pueda permitir, de ser atendida en el sector privado”, como ya explicó el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos en las reuniones que mantuvo en 2017 con los principales grupos parlamentarios en el Congreso. El Consejo de Colegios de Podólogos recibió entonces buenas palabras de todos los grupos “que no se han plasmado en ninguna propuesta en los programas con los que concurren a las elecciones generales”.
Y es que estos profesionales consideran que “el gran número de patologías del pie y la gran cantidad de usuarios de las consultas podológicas hacen necesaria la presencia de profesionales de la Podología en la Sanidad Pública: primero, para salvaguardar el derecho a la salud, como recoge el artículo 43 de la Constitución; y, en segundo lugar, por el ahorro económico para las arcas públicas”.
En este sentido, estos profesionales sanitarios apuntan que la incorporación de la Podología en atención primaria tendría un impacto positivo en término de costes: “descargaría las consultas de atención primaria, reduciría la derivación a varias consultas especializadas, disminuiría las listas de espera, reduciría costes psicosociales derivados de la ansiedad que provocan las listas de espera y los costes derivados de las bajas laborales relacionadas, bajarían los costes derivados de las amputaciones de pie diabético y disminuirían los costes de urgencias podológicas al ser atendidas por un único especialista: el podólogo”.
Es decir, “más del 70% de los problemas en los pies podrían resolverse con podólogos en los centros de salud, sin llegar a los hospitales, y el 40% de las lesiones en el pie diabético se podrían evitar si se diagnosticasen y tratasen de una manera precoz, en fase ambulatoria”.
Por otro lado, en la actualidad se calcula que más del 80 % de las personas mayores necesitan de los cuidados de un profesional de la Podología de una manera periódica. La incorporación de podólogos en centros de salud “reduciría las complicaciones médico-quirúrgicas (amputaciones, gangrenas, etc.), disminuiría la atención institucional en Servicios Sociales y aumentaría el bienestar personal de las personas mayores”.
En la carta remitida, los podólogos recuerdan a los políticos la importancia de atender al pie diabético. La mortalidad tras una amputación por pie diabético supera el 70%, por encima de la de los cánceres más comunes. La tasa de amputación mayor por pie diabético en España es de 52 por 100.000 habitantes, por encima de países como Francia, Reino Unido o Italia. “El coste del tratamiento de una úlcera de pie diabético supera los 7.100 euros y hasta un 34% de los diabéticos pueden desarrollar úlceras de pie diabético. La diabetes es una enfermedad en ascenso en una España cada vez más longeva e implica un aumento de amputaciones que puede evitarse, si se incluyen los servicios de Podología en la atención sanitaria pública. Los cuidados de los pies de los diabéticos cada vez están más desatendidos, generando un enorme gasto al sistema público cuando desencadena la amputación de los miembros inferiores”.
Para el sistema público de salud, “el pie diabético y, en particular, la amputación derivada, significa una importante carga económica, llevándose parte significativa de los recursos totales asignados para el tratamiento de la diabetes. Es la principal causa de hospitalización. Para los equipos de Cirugía vascular y Cirugía general son una carga por los días de hospitalización y por la cantidad de procedimientos a que deben ser sometidos. Con prevención se ha demostrado que se pueden reducir las amputaciones hasta un 85%”.
Mientras el número de amputaciones y pacientes con diabetes aumenta considerablemente en España, con unas tasas de mortalidad y morbilidad notables y unas consecuencias personales, familiares, económicas y sociales devastadoras, “ninguno de los partidos políticos se ha planteado la necesidad de crear Unidades de Podología en la Sanidad pública y con ello, generar un importante ahorro sanitario al sistema”.
El Colegio de Podólogos “no está hablando de cifras menores: 5,3 millones de diabéticos en España necesitan una atención especializada que reduzca el sufrimiento inherente a las mutilaciones y a la pérdida de vidas”.
La asistencia podológica pública “es una exigencia socialque se hace eco en las redes sociales y en los medios de comunicación a través de las organizaciones nacionales y autonómicas de afectados”.
Todos los servicios podológicos se deberían incluir en la cartera de servicios de la Sanidad Pública, en opinión de los podólogos, pero son imprescindibles la Podología en Atención Primaria y el cuidado del pie geriátrico y del pie diabético. Por todo ello, el Colegio de Podólogos espera que los políticos de La Rioja rectifiquen y “cumplan el mandato constitucional con la inclusión de la asistencia podológica en el sistema público de salud”.