Quince millones de euros. Es la cantidad que se sospecha ha dejado de pagar a las arcas públicas el fondo Springwater en la gestión de cuatro empresas entre las que se encuentra Unipapel, afincada en Logroño. Eso es precisamente lo que la representante del Comité de Empresa de UGT, Ruth Lázaro,ha explicado a Rioja2. “De 2016 solo cobramos el primer trimestre. A los trabajadores se nos descontó lo correspondiente al IRPF y a la Seguridad Social, sin embargo, la empresa no ha pagado lo correspondiente a las arcas públicas”. “Ni pagan a los trabajadores, ni pagan a la hacienda pública”.
En estas líneas Así lo ratifica Eldiario.es, que explica que “cuatro años después, el fondo ha dejado un agujero a las arcas públicas de al menos quince millones de euros en su gestión de cuatro empresas: Unipapel (dedicada a la papelería y el ensobrado), Electrodomésticos Miró, Delion Comunications (artes gráficas) y Nautalia (agencia de viajes que gestiona cruceros como el de Pullmantur”.
Sospechas que ya se han confirmado. “Esta situación la llevamos denunciando desde el año 2015 y ahora vemos que el tiempo nos ha dado la razón y que el roto que va a hacer a la administración pública es muy gordo”. Según detalla el diario digital, se trata de deudas con la Seguirdad Social y con Hacienda por impago de cuotas sociales de IVA y de IRPF.
“Springwater hace el trabajo sucio de empresas que quieren sanear su cuenta de resultados, desprenderse de trabajadores o quitarse un problema y no pagar finiquitos. Compran empresas y luego las estrangulan”, dice Paloma López, economista de CCOO. El sindicato gestiona los conflictos laborales de varias plantillas afectadas por las maniobras del fondo y está convencido de que las actuaciones de Springwater, similares en varias empresas en las que han entrado, responden a una estrategia.
“Desde el principio su intención no es invertir, es sacar el mayor dinero posible, incluyendo el desfalco a las arcas públicas. Todo el dinero que saca lo gasta en pagar a trabajadores y a prestar a otras empresas del grupo. A los trabajadores les dicen que están buscando un inversor o un comprador, pero eso nunca se produce”, dice Paloma López.
Son varias las administraciones afectadas por este agujero. La Seguridad Social, a la que deben cuotas; Hacienda, por el impago de impuestos, en el caso del IVA de productos que ya se han vendido; y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que tiene que hacerse cargo de salarios e indemnizaciones impagados. Los trabajadores son también víctimas directas: dejan de percibir sueldos, indemnizaciones, cotizaciones y acaban inmersos en expedientes de regulación o procedimientos judiciales.