El secretario de Organización del Metal de UGT de La Rioja, Ángel Fernández, ha acusado hoy a la dirección de la empresa de envases metálicos Mivisa, situada en Aldeanueva de Ebro, de ejercer “prácticas antisindicales” contra sus trabajadores, fundamentalmente, a través de sanciones y despidos.
Ángel Fernández, acompañado de miembros del comité de empresa y de la sección sindical de UGT en Mivisa, ha informado de que el conflicto entre la dirección y los trabajadores se inició en 2002, cuando ochenta operarios, de los trescientos que emplea la fábrica, iniciaron una serie de denuncias por ruidos.
Ha recordado que la línea de producción de esta empresa, que se dedica a la fabricación de envases metálicos para la industria alimentaria y que produce entre 500 y 800 tapas por minuto, superaba los 80 decibelios.
Ángel Fernández ha explicado que, como consecuencia de aquellas denuncias, la dirección respondió con trece despidos, de los que once tienen sentencia favorable para los trabajadores al ser declarados improcedentes, y dos están pendientes de resolución judicial.
También ha acusado a la dirección de “ejercer presiones” a otros trabajadores que presentaron denuncia para que la retiraran, así como a otros operarios de la plantilla para que no denunciaran aquella situación.
El último despido -que se incluye en los trece- se ha producido contra el secretario de la sección sindical de UGT en Mivisa y miembro del comité de empresa, José Luis Miguel, a consecuencia de unas declaraciones en un medio de comunicación en las que, según ha detallado hoy, aludía a la situación de las demandas presentadas por los trabajadores.
Ángel Fernández ha cifrado en más de dos millones de euros la inversión realizada por la empresa para resolver el problema del ruido en la línea de producción y que se suma a los más de 500.000 euros que el sindicato estima que ha tenido que desembolsar en concepto de indemnizaciones por los despidos.
Ha criticado también los impedimentos que puso la empresa a la Inspección de Trabajo para que técnicos del Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL) hicieran una medición de ruidos, a raíz de las denuncias que presentaron los trabajadores, así como a aportar la documentación que le fue requerida.
Está situación derivó en un juicio contra dos miembros de la dirección, ha subrayado.
El dirigente sindical también ha calificado de “cacicada” la decisión de la dirección de preguntar a los trabajadores que optan a un empleo en la planta si están afiliados a un sindicato.
Ángel Fernández ha precisado que el sindicato no va a permitir este tipo de medidas y ha anunciado que va a proponer al comité de empresa la celebración de una asamblea con los trabajadores para el próximo día 24 con el fin de estudiar medidas de presión.
También ha dicho que si no tienen el apoyo del resto de sindicatos que están en el comité -USO y CCOO-, UGT adoptará las medidas en solitario.