El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley del Registro Civil, que busca “cambiar de arriba a abajo” el actual modelo vigente desde 1957 y crear un nuevo registro único y electrónico “pensado en las personas” que simplificará trámites y agilizará procesos.
Según explicó en rueda de prensa el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no se trata de “colocar ordenadores y aplicar las nuevas tecnologías al registro tradicional”, sino que supondrá cambiar profundamente el actual sistema. Fuentes gubernamentales explicaron que la ley podría aprobarse en unos nueve meses, de manera que su aplicación total estaría en marcha dos años después de esta fecha.
El nuevo registro se convertirá en una base de datos electrónica común, que dejará atrás los libros físicos de regristo, de modo que el ciudadano podrá consultar por internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del país.
Además, dejará de estar “judicializado” y pasará a ser un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, de manera que, aunque sus actos seguirán sometidos al control de los jueces, serán “funcionarios públicos cualificados” los encargados de los nuevos registros.
De esta manera, se descarga a los jueces de una función impropia, que permitirá que puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado. Para ello, el ministrio también ha presentado un anteproyecto de ley orgánica complementario, que modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial para revisar el articulo sobre las atribuciones de juzgados y tribunales.
FICHA PERSONAL UNICA
El anteproyecto del Gobierno busca que el Registro Civil se convierta en un registro individual, que otorgue a cada individuo una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento.
Según el texto hoy aprobado, al nacer, los españoles recibirían un Código Personal de Ciudadanía (CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.
Su ficha personal podrá ser consultada telemáticamente y también será accesible por las administraciones que lo necesiten para la realización de trámites, de manera que “lo normal es que no se exija nunca al ciudadano que presente una certificación del registro civil”, explicó Caamaño.
Además, con la nueva ley dejarían de expedirse Libros de Familia, que serían sustituidos por certificaciones registrales, que podrán ser solicitados personalmente o a través de internet. Los registros dejarán también de ocuparse de la tramitación de los expedientes matrimoniales y serán los municipios los que se encargarán de ello y, una vez celebrado el matrimonio, lo pondrán en conocimiento del registro.
En general, los centros sanitarios, los ayuntamientos o los órganos judiciales serán los encargados de remitir al Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios o las defunciones.
Además, el nuevo registro será “acorde al Estado de las autonomías”, ya que el anteproyecto de ley reconoce el derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado, de manera que los ciudadanos podrán obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas.
ORGANIZACIÓN
Con la nueva ley, el nuevo Registro Civil se articularía en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy específicas: oficinas generales, oficina central y oficinas consulares. Las primeras de ellas, unidad básica del nuevo registro, serían las encargadas de las funciones ordinarias. El texto prevé la creación de una por comunidad autonóma más otra por cada 50.000 habitantes.
Por su parte, la oficina central tendría la función de inscribir las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, los documentos auténticos extranjeros y encargarse de la cooperación jurídica internacional en materia registral.
La función de las oficinas consulares, dependencias del Registro Civil en el extranjero, no variaría sustancialmente con respecto al actual modelo.
De esta manera, se pasaría a tener unos 108 registros aproximadamente, frente a los 431 registros principales que hay en la acutlaidad, a los que hay que añadir los más de 7.000 juzgados de paz de todo el país, lo que suponen “más de 8.000 puntos dispersos por toda la geografía para el registro civil”.
La modernización del Registro Civil es uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta legislatura, tal y como lo estableció el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2009. Así, es una de las prioridades del Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, aprobado por Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2009, y es una promesa electoral del actual Gobierno del PSOE.