La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, y el director del Área de Agricultura de la Delegación, Emilio Lázaro, se han reunido este miércoles con representantes de los sindicatos que han convocado la manifestación de agricultores y ganaderos en Logroño.
En el encuentro, Marrodán ha concretado que se trasladarán “oportunamente” al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las reivindicaciones agrarias y ganaderas de La Rioja.
La delegada ha señalado que el Gobierno de España “es consciente de la situación” y, por ello, han manifestado la “voluntad firme” para la aplicación efectiva de la nueva Ley de la cadena alimentaria.
Ha detallado iniciativas del Ministerio de Agricultura para reforzar la aplicación de la ley, entre otras, que ya se ha iniciado, en la página web del ministerio, el procedimiento de consulta pública del proyecto de real decreto que va a regular la creación del registro de contratos alimentarios, con el objetivo de que el registro esté plenamente operativo el 1 de enero de 2023, como establece la ley.
De esta forma, el operador que compre a los productores primarios o a sus asociaciones deberá registrar cada contrato y sus posibles modificaciones en este registro, con lo que se consigue dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales y seguridad a los productores primarios.
Marrodán ha destacado que la ley de cadena alimentaria “supone un instrumento de gran valor para lograr unas retribuciones más justas para los agricultores y ganaderos, al dotar de mayor equilibrio y transparencia a la cadena agroalimentaria”.
También ha valorado las principales novedades que introduce la nueva norma, como que el precio que deba percibir el productor primario tenga que ser superior al total de los costes de producción o la obligación de formalizar los contratos por escrito, salvo algunas excepciones tasadas en la propia norma.
Además, la ley protegerá a los productores españoles en sus relaciones comerciales con operadores nacionales, comunitarios y de países de fuera de la UE, ha apuntado.
De igual forma, se aumenta el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones, endureciendo alguna de las ya previstas.
A este respecto, se refuerza el papel de la AICA como la autoridad de control a nivel nacional, que se coordinará con las autoridades de control autonómicas y con las del resto de Estados miembros, además de ser el punto de contacto con la Comisión Europea.
Marrodán ha indicado que “el Observatorio de la Cadena Alimentaria seguirá trabajando para mejorar la transparencia y la eficiencia de la cadena alimentaria y ampliará sus funciones, como la elaboración y publicación de índices de precios y de costes de producción”.
A este respecto, el ministerio publicará, antes de diciembre de 2022, los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios.
Según ha recalcado la delegada, con esta publicación y la información proporcionada por el Observatorio, los agentes de la cadena contarán con todas las herramientas necesarias para aplicar de manera efectiva las disposiciones de la ley en materia de costes de producción, en la negociación contractual.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de España va a proponer un cambio en la Ley de Interprofesionales para, por ejemplo, que estos órganos de vertebración sectorial, puedan desempeñar un papel más activo en el funcionamiento de la cadena.
Incremento de los precios
Por otro lado, en la reunión con los sindicatos agrarios, Marrodán ha concretado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trasladó la semana pasada en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea el apoyo de España a la Comisión Europea para impulsar la aplicación de las denominadas “cláusulas espejo” en las negociaciones comerciales con terceros países, con el objeto de que se exijan a los productos importados los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria que a los producidos en Europa.
Esta reciprocidad “es una prioridad política para el Gobierno de España y responde, además, a una demanda de los agricultores y ganaderos”, ha señalado.
En el Consejo de Ministros de la UE se abordó de nuevo la situación del incremento de precios de los costes de producción de los productos agrícolas y ganaderos, como la energía, los fertilizantes y la alimentación animal y que afecta al conjunto de países de la Unión.
“Se trata de una situación muy preocupante que se prolonga ya en el tiempo y compromete la rentabilidad de las explotaciones, de manera especial en el sector ganadero. De ahí que reiterara la necesidad de que la Comisión Europea arbitre una acción coordinada para hacer frente a la situación”, ha incidido.
Ayudas PAC
Respecto a las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2021, Marrodán ha detallado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordinó el pago de más de 35 millones de euros a La Rioja.
Ha puesto en valor la nueva PAC “al constituirse como un instrumento muy potente para apoyar a los agricultores y ganaderos en los retos sociales, económicos y medioambientales que deben afrontar en los próximos años”.
El plan estratégico español tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria.
En relación con el seguro agrario, la delegada ha detallado a los representantes agrarios que Agroseguro abonó durante 2021 aproximadamente 22 millones de euros de indemnizaciones, sin incluir los daños causados en los cultivos durante las última crecidas del Ebro.
En la actualidad, Agroseguro está procediendo a la tasación de las 226,7 hectáreas indemnizables de cultivos en La Rioja que sufrieron daños con las últimas inundaciones.