Más de 13.200 puestos de trabajo de personas con discapacidad están en “grave riesgo”, según un estudio de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), que ha solicitado al Gobierno “urgentemente” un fondo extraordinario de 200 millones de euros para evitar el “despido masivo” en este colectivo y el cierre de los centros.
El presidente de esta patronal, José María Ibáñez, ha explicado que en la actualidad hay más de 1.700 empresas y 53.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad, que presentan un riesgo de destrucción de empleo para el próximo trimestre del 24 por ciento, lo que afectaría a la mitad de los centros especiales (CEE).
El informe alerta de que el 60 por ciento de los CEE la facturación ha descendido en un 21 por ciento en el primer trimestre de 2009; la contratación en el mercado abierto de las personas con discapacidad ha descendido un 20 por ciento, y un 12 por ciento en los CEE. “A esto se le ha añadido la falta de liquidez debido al gran problema por impagos, el retraso en las subvenciones y las dificultades de acceso a las líneas de crédito”, precisó Ibáñez.
FEACEM propone en su informe, además del fondo de 200 millones, destinado a financiar proyectos que tengan como objetivo mantener los actuales niveles de empleo, la subvención del coste salarial del 50 por ciento al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional para todos los trabajadores con discapacidad que mantengan el empleo.
La reserva a los Centros Especiales del 6 por ciento de los contratos del sector público; la flexibilidad en la aplicación de los presupuestos transferidos a las comunidades autónomas, destinados a creación de puestos de trabajo en CEE para que puedan ser destinados al sostenimiento de los mismos, y agilizar el pago de las subvenciones públicas para garantizar la liquidez de estos centros, completan el catálogo de propuestas por parte de la patronal.
“Estas medidas son razonables, realizables y de escaso coste económico” según la valoración del presidente de FEACEM, que advierte de que destruir un puesto de trabajo “es incrementar los gastos de dependencia y de servicios sociales y desactivar el dispositivo económico y empresarial que tanto esfuerzo público y de iniciativa social ha costado, en los últimos años”.