Además de la guerrilla y los grupos violentos, Colombia tiene un verdadero problema dentro de sus cuerpos de seguridad como es el de los falsos positivos. Se trata de casos en los que los militares presentan cadáveres de civiles como si pertenecieran a guerrilleros para así lograr méritos y ascender dentro del cuerpo militar. El volumen de este fenómeno ha quedado reflejado en la última actuación de las autoridades colombianas, donde más de 40 militares están acusados del asesinato de civiles.
Según informó este miércoles el diario bogotano El Espectador, la Fiscalía General ha presentado cargos contra 28 militares de la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, en Norte de Santander (noreste), en relación con la muerte de dos jóvenes de Soacha (departamento de Cundinamarca, centro). Los dos civiles fueron asesinados el 27 de enero de 2008 en una zona rural del municipio de Ocaña y presentados posteriormente como muertos en combate.
Según el Ministerio Público, los militares investigados se concertaron para cometer homicidio, encubrieron los hechos y obstaculizaron las investigaciones. Entre los inculpados figuran el comandante de la brigada por aquellas fechas, el coronel Rubén Darío Castro Gómez, y otros altos responsables de la unidad.
Por otra parte, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional ha acusado a ocho militares de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional del asesinato de tres vendedores ambulantes que posteriormente fueron presentados como “extorsionistas muertos en combate”, según El Espectador.
Los hechos sucedieron el 26 de abril de 2006,
cuando los militares del Batallón Pedro Justo Berrío presentaron los cadáveres de los jóvenes como “integrantes de un red de extorsionistas dados de baja en fuego cruzado” e incluso mostraron tres granadas de fragmentación, una pistola y una escopeta que supuestamente portaban los tres fallecidos.
Sin embargo, sus familiares declararon posteriormente que se trataba de civiles que, un día antes de los hechos, habían desaparecido en Medellín (departamento de Antioquia, en el noroeste) y que uno de ellos, Correa Valencia, sufría problemas mentales.
Por último, según informó ayer martes el diario El Heraldo, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha ordenado la reclusión de seis militares, como medida cautelar y sin derecho a fianza, por el asesinato de dos civiles que posteriormente fueron presentados como “miembros de las FARC abatidos en combate”. Los hechos sucedieron el 20 de julio de 2003 en la vereda San Pablo del municipio de Campamento, en Antioquia.
Relaciones Venezuela-Colombia
Por otro lado, la normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela va poco a poco avanzando. La reunión entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el venezolano, Hugo Chávez, se postergó hasta la próxima semana, a petición del gobierno de Caracas, según informó la ministra de Exteriores colombiana, María Ángela Holguín.
“El presidente había estado diez días fuera de Venezuela, en un viaje internacional, simplemente quedamos en fijar la fecha para la semana entrante, hemos entendido perfectamente así, que estamos esperando una nueva fecha y haremos el encuentro”, explicó Holguín en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo.
Esta entrevista, prevista en un principio para el próximo viernes, será la segunda entre ambos mandatarios, que se vieron las caras por primera vez el pasado 10 de agosto en la localidad colombiana de Santa Marta (norte) con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas.