La litigiosidad en los tribunales españoles a lo largo de 2008 alcanzó la cifra de 196,8 asuntos ingresados por cada mil habitantes, lo que supuso un incremento del 4,9 por ciento respecto a 2007. Así lo revela la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobada hoy por el Pleno de este órgano, que sitúa a Madrid como la comunidad con mayor número de litigios (235 por cada 1.000 habitantes), seguida por número de asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes Andalucía (228), Valencia (213), Canarias (211), Baleares (205) y Murcia (198).
El nivel de litigiosidad más bajo se da en el País Vasco (136 asuntos por cada 1.000 habitantes), seguido de Extremadura (140) y La Rioja (142).
Según la Memoria, la crisis económica se ha hecho sentir con intensidad durante el segundo semestre del año y ha provocado un incremento en la participación de los asuntos de la jurisdicción civil (del 18,93 por ciento) y de la jurisdicción social (donde se ha pasado del 4, al 4,7 por ciento). En el orden contencioso el ascenso ha sido más suave, de un 3,7 por ciento.
También se han incrementado el número de resoluciones, alcanzando el total de 8.683.553 asuntos. A pesar de este esfuerzo resolutivo, el incremento de la litigiosidad ha provocado un ascenso en el 15 por ciento del número e asuntos en trámite al final del año 2008, que ascienden a 2.799.010 en total.
EJECUTORIAS PENALES
Además, el CGPJ cifra en un total de 484.186 las sentencias que quedaron en trámite de ser ejecutadas al concluir el año 2008 a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.
Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, a lo largo del pasado año fueron registradas 410.259 sentencias nuevas en el ámbito Penal y se firmaron 453.807 resoluciones. En esta última cifra se incluyen sentencias pendientes de ejecutar de años anteriores.
Por ello, atendiendo únicamente a los datos del ejercicio anterior, se demuestra que en 2008, al menos en la jurisdicción Penal, se resolvieron más sentencias de las ingresadas, concretamente 43.548.
Esto supone un gran incremento con respecto a los datos dados a conocer el pasado mayo también por el CGPJ que en ese momento cifró en un total de 269.450 las sentencias de lo Penal pendientes de ser ejecutadas en España a la conclusión de 2007.
“La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de órganos”, denunciaba entonces el estudio que escenificó la situación de colapso que experimentaba la Administración de Justicia.
Aquellos datos ya forzaron la comparecencia del ex ministro Mariano Fernández Bermejo, quien negó hoy referirse a la situación de la Justicia con términos como “colapso” o “caos”, aunque admitió el “mal endémico y atraso” de la Administración al tiempo que matizo que el hecho de pendientes de ejecutar no significaba una paralización.
Los nuevos datos recabados por el Consejo aportan además que son 1.232.705 las sentencias en trámite de ser ejecutadas dentro de la jurisdicción civil (518.072 registradas y 330.282 resueltas); 15.706 en el ámbito Contencioso-Administrativo (14.557 registradas y 15.300 resueltas); 48.548 en la jurisdicción Social (66.347 registradas y 61.019 resueltas); y sólo 6 correspondientes a las Salas Especiales del Tribunal Supremo (5 registradas y 3 resueltas).
Al sumar los datos de todas las jurisdicciones, el resultado es de 1.781.151 sentencias pendientes, 1.009.240 registradas en 2008 y 860.411 resueltas.
RECLAMACIONES
La Memoria revela también que durante 2008 se ha incrementado de forma significativa el número de reclamaciones y denuncias contra jueces recibidas en el Servicio de Inspección, alcanzando las 3.183.
Todas ellas han sido objeto de un primer análisis, tras el cual 601 de los escritos se trasladaron a la Unidad de Atención al Ciudadano por carecer de entidad desde el punto de vista disciplinario.
Las restantes reclamaciones, un total de 2.485, dieron lugar a la incoación de 2.485 investigaciones (informes previas). Las indagaciones concluyeron en 2.525 propuestas de archivo, 150 propuestas de apertura de diligencias informativas y 23 propuestas de incoación de expediente disciplinario.
VOLUNTAD DE CONSENSO
En la introducción de la Memoria, el Consejo destaca su “decidido esfuerzo” por alcanzar “decisiones consensuadas” en sus primeros meses de andadura, tal y como hizo con la elección de Carlos Dívar como presidente del órgano de gobierno de los jueces y de los miembros del resto de comisiones, que fueron nombrados “con el mayor respaldo posible”.
No obstante, el CGPJ indica que “en modo alguno se pretende con esta alusión realizar cualquier comparación con mandatos anteriores”. “Lejos de ello, se trata de constatar una forma de ejercer la potestad de gobierno atribuida al Consejo General del Poder Judicial, que enlaza con el espíritu latente en la sentencia del Tribunal Constitucional que alertó de los riesgos que se cernían sobre el Consejo si se trasladase a su seno la lógica de intereses partidistas”, dice el texto.
Tras recordar que el actual CGPJ nació con “críticas de toda índole” desde diversos sectores políticos y sociales, la Memoria destaca que “la recuperación de credibilidad” se tornaba “no sólo en la principal aspiración consustancial a toda estructura de gobierno”, sino también en “una excelente plataforma para demostrar que con independencia de las distintas procedencias de cada uno de los miembros del Consejo debe pesar responsabilidad institucional al servicio de la mejora de la Justicia”.