El principal acusado de un delito continuado de estafa, al conceder préstamos bancarios sin garantías ha aceptado un año de cárcel, y 900 euros de multa, en el juicio que se ha desarrollado esta mañana en la Audiencia Provincial. Por su parte, otra de las acusadas ha pactado medio año de prisión, y 900 euros de multa, mientras que a los otros dos acusados se les han retirado los cargos.
Se han aplicado el atenuante de haber reparado en su integridad el daño causado, devolviendo todo el dinero y han pagado las multas.
El Fiscal solicitaba una pena total de 20 años de cárcel y más de 400.000 euros de indemnización los cuatro acusados de delitos continuados de estafa al utilizar el cargo como directivo de un banco de uno de ellos para realizar operaciones de crédito o préstamos hipotecarios sin garantías de devolución del importe.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el principal acusado -al que se le piden ocho años de cárcel- desde el 11 de agosto de 2005 a 23 de julio de 2008 fue director de una sucursal de un banco en Logroño. Como director tenía facultades para otorgar operaciones de crédito personal hasta 90.000 euros y préstamos hipotecarios hasta 200.000 euros sin someter las operaciones a la fiscalización del departamento de riesgos del banco, bastando con su autorización acompañada por la firma de otro apoderado del banco.
No obstante el director venía obligado por las circulares internas del banco a realizar una evaluación personal del riesgo en los préstamos citados e, incluso, en ciertos supuestos prefijados en dichas circulares no podía concederlos.
Pese a ello, el acusado procedió a conceder determinados préstamos a personas y empresas a cambio de obtener un beneficio personal por ello. La situación económica de los prestatarios “no ofrecía garantías de devolución del importe y, de haber seguido las directrices del banco, nunca les hubiera podido conceder los mismos”, afirma el Fiscal.
Además, y según sostiene el escrito, en algunas operaciones firmaba él solo y en otras “conseguía la colaboración de otra persona, interventor del banco en la época de los hechos y cuya amistad y confianza se procuró para sus ilícitos fines”.
Préstamo hipoticario a un matrimonio
Así, entre algunas de las operaciones que realizó el acusado se señala una que realizó en 2005 cuando todavía no se había abierto materialmente la sucursal de Logroño y se operaba desde la sucursal de Burgos.
En ese momento, el acusado otorgó a un matrimonio un préstamo hipotecario para poder adquirir una vivienda en Logroño. Ello pese a constarle “que carecían de capacidad económica para devolverlo”. Con el fin de apoderarse de parte de esta cantidad, dio el préstamo por un importe de 195.000 euros, cuando el precio del piso era 142.247,97 euros.
Además, a fin de engañar al banco modificó la cuantía de la retribución salarial del hombre incrementándola para simular solvencia, cambiando la cantidad en varias de sus nóminas. También falsificó un contrato privado de compraventa.
Con estas situaciones, el acusado consiguió que la interventora de la oficina de Burgos firmase el préstamo con él y se realizasen las operaciones. El préstamo resultó impagado en 190.369 euros.
También en una empresa
En su escrito, el Fiscal también relata lo sucedido en una empresa constituida por otros de los dos acusados. Dicha sociedad carecía prácticamente de actividad y también de solvencia.
Pese a ello ambos “de acuerdo” con el primer acusado establecieron que el banco les concediera un crédito “a sabiendas de que no lo podrían devolver, parte del cual iría a manos del primer acusado”.
Así, el 10 de noviembre de 2006, se firmó una escritura pública por la que el banco les concedía un préstamo personal de 90.000 euros, que fue firmada por los tres y un interventor como apoderado del banco.
A fin de acreditar solvencia frente al banco, confeccionaron un reconocimiento de deuda hacia la empresa por parte de una reconocida inmobiliaria de Logroño. En la firma se hicieron constar documentos nacionales de identidad ficticios y un domicilio social antiguo.
“No obstante la firma era similar a la del auténtico representante legal de la inmobiliaria, sin que conste cómo se hicieron con la misma ni que éste tuviera intervención en ningún negocio con soluciones financieras o conocimiento del reconocimiento efectuado”. Finalmente, el crédito resultó impagado, dejando un saldo deudor de 104.589,06 euros.
Por último, el escrito señala lo sucedido con una nueva empresa que fue constituida en julio de 2004 por dos personas (entre ellas el primer acusado). Con el fin de beneficiarse de su posición en el banco, en junio de 2006 el procesado hizo que el marido de su empleada de hogar -el último de los acusados y, en realidad, mero testaferro de él- apareciera como comprador de unas acciones por 167.000 euros.
El 12 de julio de 2006, otorgó a la empresa una línea de crédito de 90.000 euros con vencimiento en 1 año “a sabiendas de que no iba a restituir el préstamo”. Tras sacar el importe, al finalizar el año quedó un saldo deudor de 89.995,39 euros
A fin de obtener otra prórroga del préstamo de un año, el acusado principal hizo un informe favorable al departamento de riesgos “lo que movió al banco a conceder la misma”. Todo ello pese a constarle al acusado la imposibilidad de la restitución. El 12 de julio de 2007 el saldo deudor alcanzaba los 91.266,86 euros.