El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este jueves la documentación necesaria para pedir al Consejo de Estado un dictamen sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), una iniciativa que cuenta con el apoyo de 2.300 municipios españoles que suman 16,5 millones de habitantes.
La reforma local, aprobada por el Gobierno central y en vigor desde el 1 de enero, ya fue modificada tras un primer dictamen del Consejo de Estado, y la petición del nuevo dictamen --obligatorio pero no vinculante en el plazo de dos meses-- es el paso previo a la presentación de un recurso frente al Tribunal Constitucional (TC), una iniciativa que ya han anunciado también por su parte Govern de la Generalitat y Parlament de Catalunya.
En un acto simbólico ante la Delegación del Gobierno en Barcelona, el primer teniente de alcalde de la capital catalana, Joaquim Forn, acompañado por el presidente del Consell de Governs Locals de Catalunya (CGLC) y de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y el de la Federació de Municipis (FMC), Xavier Amor, han acusado al Gobierno del PP de “luchar contra los municipios” y los ciudadanos a los que representan.
De hecho, han recordado que para solicitar el dictamen eran precisos 1.159 municipios y 7,8 millones de habitantes, lo que ha quedado ampliamente superado, algo que junto a unos planteamientos jurídicos avalados por el Consell de Garanties Estatutàries ratifica el “amplísimo apoyo” a la petición de que el Gobierno retire la ley, ha indicado Forn.
En el caso de Catalunya, se han sumado al recurso cerca del 90% de los 947 ayuntamientos, un porcentaje seguido por el 62% de Asturias y más del 50% de Andalucía --un 69% en el caso de la provincia de Sevilla--, unas cifras que contrastan con los datos inferiores al 20% de Galicia, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y La Rioja.
Buch ha destacado el clamor unánime contra le ley y ha lamentado que el PP se empeñe en ir contra dirección, por lo que ha invitado al Gobierno a “estar preocupado”, ya que en 35 años de historia de ayuntamientos democráticos nunca se había producido una respuesta municipal de estas características y tampoco nunca se había cuestionado que los gobiernos locales puedan prestar servicios sociales y educativos.
Forn, que ha recordado que Barcelona tiene su propia carta y no se vería afectada por la reforma, ha reivindicado en cualquier caso el apoyo al recurso por la importancia de estar “al lado del municipalismo catalán”.
Amor, por su parte, ha señalado que el Gobierno tiene una gran oportunidad para dar marcha atrás en su camino y situarse “al lado de la ciudadanía”, y ha augurado que de lo contrario el PP verá cómo empeoran sus resultados electorales en los comicios futuros.
El líder de ICV-EUiA en el Ayuntamiento, Ricard Gomà, ha trasladado también su rechazo a la norma, no solo por reducir competencias municipales, sino también porque se trata de una reforma “profundamente privatizadora”.
CONSELL DE GARANTIES
El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries ya ha apuntado que la norma del Gobierno vulnera competencias de la Generalitat y no tiene amparo en la Constitución, pese a que el Ejecutivo central defiende que con ella logrará ahorrar 8.000 millones de euros, al entender que el Estado sobrepasa su capacidad para fijar un mínimo común sobre las competencias municipales e impide que la Generalitat pueda ampliarlas.
El órgano consultivo también ve inconstitucional que se determinen los sueldos de alcaldes basándose en el tamaño del municipio, que los grandes ayuntamientos no tengan autonomía para desarrollar sus propias políticas de contención del gasto, y que se reduzca la capacidad para incidir en la creación y fusión de municipios, entre otros.