Si la noticia comienza hablando de una vivienda construida en un terreno no urbanizable, donde la ley sólo permite tener una caseta de aperos de muchos menos metros cuadrados, que además es propiedad de un político, seguramente su cabeza piense en el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, y su residencia en Villamediana de Iregua. Nada más lejos. Otro caso de características similares ha surgido a novecientos kilómetros, en Yunquera (Málaga). Allí, el director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Luciano González, podría haber edificado una vivienda de unos 130 metros cuadrados, donde por las características de su finca sólo podría tener una casa de aperos de cuarenta.
El Ayuntamiento de esta localidad, gobernada por el PP, inició este lunes un expediente de disciplina urbanística por estas supuestas irregularidades en una zona conocida popularmente como 'La revuelta del salchichón', después de conocer la situación a través de algunos medios de comunicación. Los hechos se han precipitado a lo largo de esta semana y el propio González ha dimitido para poder defenderse de estas acusaciones y no lastimar al Gobierno andaluz, según explicó el consejero de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo de esta comunidad, José Sánchez Maldonado.
Para el PSOE de La Rioja, según señaló ayer su secretario de Organización, Francisco Ocón, es “increíble” que Sanz no haya tenido el mismo comportamiento. “El hecho es el mismo. En Andalucía ha llevado a una dimisión y en La Rioja ha servido para hacer lo peor que se podía hacer, que para intentar salvar una ilegalidad del presidente, se modifique todo un plan de ordenación urbana de un municipio y se legalice o intente legalizar algo que ha sido ilegal durante años”, añadió.
El portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, advertía a los miembros del Gobierno de su región de que, en materia de construcción, deben “predicar siempre con el ejemplo” y no permitir, “cuanto menos”, que ningún alto cargo tenga “una vivienda ilegal”. Bendodo también pidió a González que asumiera responsabilidades y diera explicaciones sobre la situación de su vivienda, como así ha hecho. En este sentido, Ocón apuntó que espera la misma reacción de los compañeros del partido de Sanz en Andalucía “cuando lo vean en los comités ejecutivos”.
“El caso sería idéntico. La diferencia es el resultado al haber cometido el mismo hecho: uno dimite y Sanz interviene en el Ayuntamiento de Villamediana, cambia el Plan General e intenta legalizar su vivienda, porque de lo que no cabe ninguna duda es de que la vivienda de Pedro Sanz es absolutamente ilegal. Ni se acomodó a las licencias, ni tenía capacidad para edificar donde edificó. Es una vivienda absolutamente ilegal pero el resultado no ha sido el mismo”, comentó el secretario de Organización del PSOE riojano.