UNICEF y el Consejo General de la Abogacía Española [CGAE] han presentado un informe titulado “Ni ilegales, ni invisibles” sobre la situación de los menores inmigrantes que viven en España del que se desprende que dar prioridad a las repatriaciones en los casos de irregularidad “no se ajusta al interés superior del menor”, constituye una “política ineficaz” y supone “quitarse de en medio el problema”.
Así lo ha explicado el presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Pascual Aguelo, quien recordó, con datos de la Fiscalía General del Estado, que el año pasado España repatrió a 10 menores extranjeros, entre los cuales se encontraba “sólo” un africano.
“No debe ser, por tanto, una política muy eficaz”, señaló Aguelo, para incidir en que “en época de crisis, las políticas restrictivas y de control no son las más eficaces” porque no frenan el flujo migratorio de los menores de edad, sino que les convierten en el último escape de familias condenadas a la miseria para abrir el muro de Europa“.
Según el responsable de Extranjería en el CGAE, este es el motivo por el que mientras desciende progresivamente el número de embarcaciones irregulares que llegan a las costas españolas, aumenta la cifra de niños que viajan a bordo de las mismas y que incluso se lanzan al mar sin ningún adulto que les acompañe.
En la misma línea, la directora ejecutiva de UNICEF España, Paloma Escudero, ha explicado que el movimiento de menores “es parte de la estrategia migratoria” pero afirma que “necesita un tratamiento legislativo específico”, ya que “son niños antes que extranjeros” y, por tanto, “deben tener prioridad sus intereses por encima de la regulación de flujos migratorios”.
En este sentido, reivindicó que se garanticen todos los sistemas de protección, desde establecer un protocolo de atención integral jurídica y psicosocial a su llegada, hasta la tutela en las Comunidades Autónomas, el reparto entre las mismas y las repatriaciones, que deben analizarse caso por caso para asegurar que el niño no se devuelve a la situación de la que ha huido o ha sido expulsado.
Aunque, según dijo Escudero, “no hay un dato único, por falta de un registro riguroso” sobre menores extranjeros no acompañados en España, en 2007 se estimaba la cifra en algo más de 6.500 adolescentes y niños, muchos de los cuales se encuentran indocumentados por la demora en los trámites por parte de las administraciones.
“No tiene ningún sentido y es motivo de frustración” que estos niños y adolescentes no tengan documentación, explicó Escudero, quien coincidió con Aguelo en reivindicar que todos los menores sean identificados y accedan a un permiso de residencia en el momento en que sean declarados en situación de desamparo y su tutela recaiga sobre una Comunidad Autónoma. De esta forma se evitaría que cumplieran 18 años y quedaran en la calle y sin papeles, conforme aclaró el responsable de Extranjería del CGAE.