La tensión en Arizona por su peculiar política migratoria ha quedado patente una vez más en los tribunales. Tras la polémica Ley Arizona , ahora, ante las próximas elecciones que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos, la composición del electorado vuelve a ser punto de debate.
Un tribunal de apelaciones federal ha anulado el requerimiento establecido por el gobierno de Arizona que imponía a los residentes del estado demostrar su ciudadanía estadounidense para poder votar en las elecciones. En cambio, el mismo tribunal mantiene la obligación de identificarse para emitir el sufragio.
Los contrarios a esta norma de seis años de antigüedad temen que miles de personas no puedan votar en los comicios legislativos del próximo martes al no disponer de la identificación necesaria. La decisión judicial llega tarde para muchas personas cuyos nombres fueron eliminados de la lista.
Las autoridades de Arizona negaron el registro a unas 30.000 personas en los primeros cuatro años de aplicación de la ley, ha dicho John Greenbaum, de la Comisión de Abogados por los Derechos Civiles de la Ley. A su vez, esta misma organización considera “una gran victoria” la eliminación de la prueba de ciudadanía.
Para superar este obstáculo los ciudadanos debían presentar documentos que demuestren su ciudadanía, como el pasaporte o el carné de conducir. Por ello muchos grupos denuncian que la medida discrimina a la población pobre y latina, que en muchos casos no cuenta con el dinero necesario para obtener documentos de identificación. El órgano judicial entiende ahora que la ley entra en conflicto con la normativa de registro electoral aprobada por el Congreso.
Por su parte, en un comunicado conjunto el gobernador, Jan Brewer, y el secretario del estado, Ken Bennett (ambos republicanos), creen que la sentencia es “una atrocidad y una bofetada en la cara para todos los arizonos preocupados por la integridad de sus elecciones”.