Un total de nueve municipios de cinco Comunidades Autónomas optarán definitivamente a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, según la lista definitiva hecha pública esta tarde por la Comisión Interministerial para la selección del emplazamiento del cementerio nuclear.
Los municipios admitidos definitivamente son los de Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), Zarra (Valencia) y Congosto de Valdavia (Palencia).
De ellos, ocho ya habían sido admitidos en la lista provisional hecha pública por el citado órgano ministerial el pasado 5 de febrero --Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), Zarra (Valencia)--, mientras que la Comisión Interministerial aceptó las alegaciones presentadas por la localidades palentina de Congosto de Valdavia.
El citado órgano analizó un total de catorce candidaturas, de las que decidió excluir cinco de manera provisional por defectos de forma, mientras que en caso de la localidad de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), el pleno del municipio decidió retirar la candidatura.
Las localidades de Campo de San Pedro (Segovia) y Lomas de Campos (Palencia), Granja de Torrehermosa (Badajoz) y Villar del Pozo (Ciudad Real) ya anunciaron que no presentarían alegaciones a su exclusión (todas han remitido un escrito desistiendo de su candidatura), mientras que los municipios de Villar del Pozo (Ciudad Real) y Congosto de Valdavia (Palencia), recurrieron esta decisión.
Finalmente, el órgano ministerial aceptó las alegaciones de Congosto de Valdavia
, que fue excluida en un primer momento por defectos formales, de forma que a partir de ahora se sumará a las ocho localidades admitidas desde el primer momento en la carrera por albergar el almacén de residuos nucleares.
La localidad de Villar del Pozo (Ciudad Real), excluida debido a que el acuerdo del pleno fue adoptado fuera del plazo, no ha subsanado este defecto en el escrito de alegaciones presentado.
Tras publicar esta lista definitiva, se procederá al análisis del término municipal de los candidatos y después se comunicará a los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico. Finalmente, la Comisión estudiará los terrenos propuestos y elaborará un informe de propuesta que reflejará las ventajas de los distintos emplazamientos. Este documento se remitirá al Gobierno que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, designará el emplazamiento elegido para el ATC y su centro tecnológico.
LA DECISIÓN “CORRESPONDE AL GOBIERNO”
Precisamente, el ministro de Industria destacó, durante su comparecencia el pasado día 16 ante la Comisión de Industria de la Cámara Alta, que la localización definitiva del ATC “corresponde al Gobierno”, una vez resuelto un procedimiento de concurrencia competitiva en el que, a su juicio, priman tres principios: “la transparencia, la equidad y la voluntariedad”.
A esos tres principios añadió el de “el máximo consenso posible”, para lo que tendrán audiencia todas las partes interesadas, incluidas, “como no podía ser de otra forma, las CCAA”. En todo caso, precisó que el consenso es lo que caracterizó la decisión inicial sobre la necesidad del ATC.
“No hay mayor consenso para una decisión de país, de Estado, que la unanimidad del Congreso de los Diputados que es donde reside, junto con esta cámara, la soberanía popular”, desatacó. Se trata de una decisión, en su opinión, que no es “ni de derechas ni de izquierdas, ni pro-nuclear ni antinuclear”. “Es, simplemente, una decisión coherente y responsable”, insistió.
Además, la calificó de “coherente” porque España ha apostado en el pasado por que la energía nuclear forme parte de su mix energético. En este sentido, recalcó que esta energía conlleva la generación de residuos cuya gestión “no se puede obviar”. “El ATC resuelve el problema de los residuos. Es decir, el ATC no crea un problema, sino que lo resuelve”, insistió.
Igualmente, afirmó que es una decisión “responsable” porque la alternativa, que pasaría por seguir construyendo Almacenes Temporales Individuales o mantener los residuos a Francia, “son una opción más cara, con un coste de entre 1.300 y 2.400 millones de euros y, lo que es más importante, más insegura que construir un ATC”.
“En definitiva, señorías, transparencia, voluntariedad y equidad, junto con el máximo consenso posible, son principios que garantizan un procedimiento de selección rotundamente democrático”, concluyó.