Los asistentes a la cumbre autonómica sobre violencia de género auspiciada por la Junta de Castilla y León para acordar una posición “común” de España ante la Unión Europea (UE) propusieron a los entes locales y regionales la adopción de medidas que garanticen el acceso de las víctimas a los recursos especializados para prestar una atención integral, tanto a las mujeres como a las personas dependientes de las mismas.
Asimismo, los representantes de las 17 comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del Gobierno nacional y de los ayuntamientos que forman parte de la Delegación Española en el Comité de las Regiones (CdR) propusieron también la puesta en marcha de programas específicos de intervención con los menores.
Así consta en las 22 recomendaciones consensuadas por los participantes en esta cumbre en la que comunidades autónomas y ayuntamientos acordaron la propuesta que defenderá Castilla y León ante la UE para luchar de forma eficaz y sensibilizada contra esta “lacra” que, según destacó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, es una de las principales causas de vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y representa en el día a día “la máxima expresión de la desigualdad”.
“Entendemos que, si hay una materia que exige el máximo esfuerzo y, al mismo tiempo, el máximo consenso es, precisamente, esta lucha”, consideró Herrera, que expresó su convencimiento de que con el documento consensuado en esta cumbre por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos españoles “hemos avanzado un peldaño más en nuestro compromiso compartido por el establecimiento de la igualdad real entre mujeres y hombres en nuestros municipios, en nuestras comunidades, en España, en el conjunto de la UE y, por tanto, en una realidad mundial frente a la cual nunca nos podremos conformar”.
Las 22 recomendaciones que defenderá Castilla y León en la UE se agrupan en cuatro bloques que contemplan, a su vez, medidas relacionadas con la sensibilización, la prevención, la atención y la integración con el objetivo común de la erradicación de la violencia contra la mujer, un concepto para el que se propone la utilización de la definición que se recoge en la Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas.
En concreto, esta resolución define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia a este sexo que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, “inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada”.
Entre las medidas relacionadas con la sensibilización destaca la necesidad de apoyar las investigaciones sobre las causas, las consecuencias y los costos de la violencia contra la mujer y sobre medidas de prevención eficaces para que estos datos sirvan de base para la acción y la prevención y permitan un mayor conocimiento sobre la eficacia de las actuaciones puestas en marcha.
Ofrecer datos segregados por sexos, edad, condiciones sociales y otros indicadores de género para conocer la situación y adaptar las diferentes estrategias y medidas económicas y sociales para lograr una sociedad más igualitaria, con mayores cuotas de progreso y bienestar económico y social y recoger datos estadísticos homogéneos y comparables sobre violencia y políticas en materia de igualdad en todos y cada uno de los estados miembros son otras de las recomendaciones consensuadas por las comunidades autónomas, que solicitaron también la realización de un estudio a nivel europeo no disponible hasta la fecha con datos sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres en las distintas regiones con el fin de conocer la magnitud del problema y poder innovar en las propuestas.
Según la propuesta que defenderá Castilla y León en la UE, la elaboración de los estudios se tendrá que hacer de acuerdo con criterios uniformes en esta materia que delimiten los conceptos y pautas de intervención.
Por su parte, las medidas de prevención insisten en la necesidad de prestar mayor atención a la educación, “agente principal, junto con las familias, en la socialización de los niños”, destacó Herrera, que insistió en la importancia de trabajar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y establecer estrategias de formación, prevención y toma de conciencia contra la violencia hacia las mujeres en todos los niveles y ámbitos de la comunidad educativa.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos sugirieron también la realización de acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la ciudadanía para que deje de considerarse la violencia de género un asunto de índole privada y se implique en su solución e invitaron a realizar acciones que rechacen los comportamientos agresivos y discriminatorios que atenten contra la dignidad de la mujer y que dirijan mensajes específicos a diferentes sectores de la sociedad para facilitar la implicación del conjunto de la población.
Otra de las recomendaciones pasa por erradicar de la sociedad formas de entender la masculinidad y la feminidad que suponen una desigualdad de poder económico, social o político que se difunden a través de publicidad, medios de comunicación y materiales educativos y propone nuevas formas alternativas más justas e igualitarias.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos confirmaron, a su vez, los resultados positivos de la formación especializada a profesionales de los ámbitos educativo, jurídico, sanitario, psicológico, de los servicios sociales y las fuerzas y cuerpos de seguridad en aquellos países en los que se está llevando a cabo para poder detectar anticipadamente casos de violencia de género.
Aumentar las medidas de seguridad de las mujeres que padecen esta lacra a través del incremento de recursos personales-policiales y tecnológicos que garanticen la integridad física y personal de las mismas e instar a los estados miembros a legislar desde una perspectiva de género en materia de igualdad, son otras de las recomendaciones que auspiciará Castilla y León.
También se propone promover el intercambio de buenas prácticas entre los estados miembros en campañas de sensibilización y en medidas de prevención, formar unidades especiales dentro de los distintos cuerpos de seguridad, sanitarios, judiciales y sociales y generalizar los programas específicos con criterios de calidad de modificación de conducta entre los hombres agresores “facilitándose el intercambio de aquellas experiencias que ya se están llevando a cabo para optimizar recursos”.
La recomendación número 17 pide a las instituciones de la UE y a los gobiernos de los estados miembros que pongan en marcha programas con criterios de calidad específicos de atención y seguimiento integral para las mujeres que sufren o han sufrido esta lacra, así como a las personas dependientes de las mismas, mientras que la 19 aboga por establecer medidas específicas para las mujeres más vulnerables, como las inmigrantes, las discapacitadas o las que residen en el medio rural o en el mundo urbano deprimido.
Entre las propuestas de integración destacan la generalización de programas de inserción sociolaboral de las víctimas fomentando su contratación y promoción profesional y la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional en distintos ámbitos para mejorar la atención, seguimiento y apoyo integral a las víctimas. La última recomendación consensuada en la cumbre autonómica celebrada entre ayer y hoy en Valladolid va dirigida a los medios de comunicación a los que se insta a colaborar en la sensibilización.