¿La hora de la motosierra?

La disyuntiva que Elon Musk ha trazado entre burocracia y democracia me produce estupor. O, como mínimo, debilita la confianza que podía depositar en sus decididas intenciones de optimizar la Administración federal de Estados Unidos. No porque me oponga a esa reforma sistémica que es inaplazable (extrapolo su pertinencia a España), ni siquiera porque atisbe taimados intereses detrás de sus movimientos; sino porque, más allá de metáforas populistas, que carecen de refinamiento intelectual, pero sí gozan de una atractiva eficacia comunicativa (la motosierra, de Milei), la retórica de Musk descubre una grosera desviación conceptual que me conduce a sospechar, todavía más, de sus objetivos. En otras palabras (y permítame que, por su expresividad sintética, recurra a las metáforas populistas): yo abogo por la motosierra (el debate de dónde y cómo se poda exige mucha más hondura), pero no porque la burocracia sea enemiga de la democracia. Todo lo contrario: la burocracia puede ser enemiga de muchas cosas (del fomento de la inteligencia crítica de los funcionarios, de la rápida adaptabilidad que demandan el desarrollo económico o los servicios públicos o, desde luego, de la santa paciencia de los administrados), pero es un presupuesto intrínseco a la democracia. Nadie discute que la burocracia vierte externalidades negativas, pero, como ya advirtió Weber en Economía y sociedad, la burocracia es un instrumento civilizatorio (emperadores romanos como Augusto, Constantino o Justiniano lo tuvieron claro, también los Reyes Católicos cuando empezaron a construir el Estado Moderno frente a la disgregación feudal); y lo es porque institucionaliza una metodología que promueve (garantiza me suena demasiado tajante) que las Administraciones públicas decidan a través de procedimientos reglados, motivados, neutrales e igualitarios, y no por los caprichos, gustos o lógicas clientelares de quienes ejercen el poder. Frente a todos los que la vituperan como si fuera una máquina de abuso u opresión (aunque a veces sí lo parezca de tortura), me confieso un defensor de la burocracia: y esta perspectiva, que enfoca la orientación de la columna, determina que no quiera destruirla, sino mejorar el entramado burocrático del que, como país, nos hemos dotado. 

Las grietas de la irresponsabilidad, junto con la hiperregulación y el acceso y permanencia en el empleo público, son algunos de los principales defectos de nuestra burocracia. Sé que no son exclusivos de las Administraciones españolas, pero mi término de comparación no son otros Estados, sino el ambicioso ideal. Son defectos constituyentes que, desde el núcleo, permean y van erosionando al sistema en su conjunto, y por eso su peligro es más acusado. Empecemos con las tres grietas de la irresponsabilidad que vician el funcionamiento de nuestras Administraciones: el derecho de repetición, la presunción de veracidad y la opacidad sobre la fiscalización judicial. Tanto el primer instituto como el segundo figuran expresamente en nuestra legislación, pero el primero se ignora (cuando su uso debería incrementarse) y el segundo se sobreexplota (cuando lo más saludable sería abolirlo). Quizá muchos lectores no lo sepan, pero la Administración puede repercutir a los empleados públicos, directamente, la responsabilidad que un ciudadano le exija por una decisión lesiva o fallida: explicado de forma sencilla, el funcionario que emitió el trámite o la resolución terminaría pagando, de su propio bolsillo, el perjuicio que su actuación indebida irrogue a un ciudadano. No conozco ni una sola ocasión en la que se haya usado este recurso, quizá porque se impone un corporativismo que siempre menoscaba la aptitud y la responsabilidad; y, así, ¿quién no estaría tentado a comportarse de forma menos diligente si el erario sufragara sus errores o veleidades?

Desgraciadamente, muchos lectores (por lo menos, todos los que en algún momento hayan recibido una multa) sí que estarán familiarizados con la segunda grieta, la de la presunción de veracidad. No pretendo confrontar ahora nuestro modelo continental, que ha generado un sector singular del derecho para ordenar las relaciones entre la Administración y sus administrados, con el anglosajón, en el que las reglas que rigen la litigación de un particular contra la Administración son sustancialmente idénticas a las que le rigen cuando litiga contra otro particular. Pero sí que me parece preciso denunciar el despotismo que se instala en los agentes de la autoridad cuando les protege un precepto que completa, automáticamente, su falta de diligencia (¡Y mi palabra es la ley…!). Lo ilustraré con un ejemplo: si usted, como particular, quiere interponer una demanda para reclamar una deuda, procurará armarse de las más amplias y exhaustivas pruebas para que triunfe su tesis. A la Administración, sin embargo, puede bastarle con el acta de infracción elaborada por sus agentes de la autoridad, sin que se acompañe de ninguna otra prueba: se la considera, por su condición subjetiva y no por su fundamento objetivo, más creíble. ¿No les parece una grieta de la irresponsabilidad? Y podría suturarse con una reforma legal que anulase esta vía, por la que, en nuestra burocracia, se cuela su antítesis de la arbitrariedad.

Por último: ¿sabe usted cuántos procedimientos judiciales pierde la Administración frente a los ciudadanos? Yo tampoco (o no, al menos, de un modo lo suficientemente accesible y abarcador). No es solo que el diseño de los recursos administrativos sea ingenuo (les atraviesa un complaciente sesgo de confirmación que solo ralentiza y entorpece la impugnación del administrado), sino que, además, carecemos de una estadística con la que podamos señalar a los órganos administrativos cuyas decisiones revocan los Tribunales de forma más constante. Las sucesivas memorias de la Agencia Tributaria revelan que viene perdiendo alrededor de la mitad de los juicios que afronta (lo que, francamente, permite imputarles una despiadada rapacería: disponen de la mejor información para acertar, y aun así no aciertan), pero no he hallado el dato homólogo en el Anuario Estadístico de La Rioja (2024) o en la Memoria anual (2024) del Observatorio de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño. La transparencia es fuente de responsabilidad, lo que me convence de que nuestra burocracia sería más operativa y fiable si pudiéramos conocer esa concreta información a la que he aludido: es evidente que, si el Gobierno de La Rioja o el Ayuntamiento de Logroño perdiesen más de la mitad de los juicios, como sucede con Hacienda, se les podría achacar un funcionamiento deficiente, una dinámica destructiva, incluso corrupta (en el sentido de deterioro de la burocracia), lo que, siquiera por cálculo electoral, les empujaría a corregirse. Y, si no lo hiciesen, entonces sí, ya agotadas otras alternativas más ponderadas (como, creo, las que he sugerido) y absolutamente hartos, me uniría a los que se deleitan pensando con que ha llegado la hora de la motosierra.