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Tal y como ha explicado el secretario general de UGT, Cándido Méndez, “cuando se disuelven las tinieblas de la información y los trabajadores conocen el efecto brutal y negativo de la 'contra-reforma laboral', el grado de compromiso con la convocatoria es más intenso”.
Méndez
y el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, han venido hoy a Logroño para expresar la necesidad de la huelga general del 29-S y animar a los trabajadores riojanos a que la secunden.
Para estos líderes sindicales a nivel nacional las razones y motivos están más que justificados: la reforma laboral no sólo no resuelve los problemas de los trabajadores, sino que es un golpe muy duro a los derechos laborales.
Quieren expresar su rechazo a esta reforma, al recorte de las inversiones, a la congelación de las pensiones y a la propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. “¿El Gobierno está en condiciones de asegurar el trabajo hasta los 67 años cuando están expulsando de las empresas a trabajadores mayores de 50 años?”, se pregunta Méndez.
El secretario general de UGT está convencido de que la huelga general va a tener un impacto importante y pide al Gobierno central que rectifique las medidas que está tomando y recupere el consenso con las pensiones en el Pacto de Toledo.
Toxo ha subrayado que ya no se cree ni el Ejecutivo que las normas laborales que se están imponiendo vayan a propiciar el mantenimiento del empleo y que facilitar el despido puede provocar un proceso de sustitución del trabajo estable a precario.
Además afirma que el Gobierno envía mensajes de desaliento para que no se secunde la huelga General y para que los trabajadores piensen que no se puede hacer nada: “Si el Gobierno no cambia antes, cambiará después de la huelga general la reforma laboral”. También ha solicitado al Ejecutivo español que no arruine el Pacto de Toledo.
Respecto de 100 a 30 días el plazo para sancionar a las trabajadores en desempleo que
no acepten una oferta de empleo o formación, Méndez asegura que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es resolver la insuficiencia de la oferta formativa y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, ya que el año pasado tan sólo se ofertaron 250.000 cursos. Para Toxo, esta medida es una forma de maquillar las cifras de desempleo de nuestro país, ya que las personas que participen en los cursos de formación no computarán como parados.