Este lunes había previsto un desahucio en la calle Capitán Cortes de Logroño y no se ha producido. Esther Ruiz no será desalojada de su vivienda, por el momento, aunque dentro de días los Juzgados volverán a ponerle fecha a su calvario particular. Los funcionarios se han personado en el portal de la casa pasadas las 13,30 horas, pero se han encontrado con varias decenas de personas que clamaban en contra del lanzamiento: “No al desahucio”. “Manos arriba, esto es un atraco”. “Levalta ladrones”. Los trabajadores del Juzgado, acompañados de una pareja de la policía municipal, han firmado el acta y han dado media vuelta. En principio, volverán.
Antes de que llegaran los funcionarios y de que su desahucio fuera paralizado, Esther estaba en la calle recibiendo el apoyo de la gente. Sus vecinos se han volcado con ella, así como varios miembros de asociaciones como PAH La Rioja. Sin muchas ganar de hablar, esperando que todo pasara con la mayor brevedad posible, ha atendido a los medios de comunicación: “Los últimos momentos los estoy viviendo muy mal. Estoy mal físicamente y, mentalmente, estoy quemada después de luchar tantos años. Estoy harta, no sé ni cómo sigo viviendo. No sé qué deciros. No tengo palabras. Mi situación es penosa. Tengo mi patrimonio repartido por casas de amigos y me voy a ir yo qué sé dónde”.
La historia de Esther comienza en el año 2006, cuando decidió comprar una vivienda en la Guindalera a la constructora Levalta. La adquisición del piso se produjo sobre plano y firmó un contrato sin cláusula de arras (cualquiera de las partes puede retractarse pagando una indemnización). Cuando debía escriturar su nueva residencia, la crisis económica había estallado y los bancos le negaron el crédito con el que pretendía hacer frente al pago, pese a que la promotora les había ofrecido la posibilidad de subrogarse al préstamo que tenía con Caja Madrid. Sin escrituras, pero con más de 36.000 euros pagados a Levalta, se encontró con una demanda en el que la empresa le exigía el importe total, que ronda los 250.000 euros.
Han pasado ocho años desde que compró esa vivienda en la Guindalera de la que nunca ha disfrutado y, tras varias batallas judiciales, ahora está a punto de perder también su antigua casa. Tras el último fallo de la Audiencia Provincial de Logroño, que se produjo en 2012 y daba la razón a Levalta, comenzaron los embargos. El último iba a ser el de la calle Capitán Cortés, pero la presión social ha conseguido evitarlo y darle diez días más de plazo. No son muchos, pero así gana tiempo. El caso podría llegar al Tribunal Constitucional. Joaquín, su pareja sentimental, señalaba tras conocer la paralización del desahucio que es lo único que les queda.
Su caso no es único en Logroño. Los afectados por esta situación, aunque se desconocen las cifras exactas, superan los 150. En algunos casos, como el de Esther, se tratan de compradores solitarios, pero también hay familias completas. Cada uno, con su drama particular. Están embargados de por vida y su deuda crece día a día por los intereses de demora. Otra de las afectadas, que este lunes acompaña a Esther, explicaba que intentaron hablar con Levalta, pero que “nunca intentaron un acuerdo”. La propuesta que hacían los afectados era simple: ellos perdían las cantidades de dinero entregadas durante el tiempo que pasó hasta que iban a escriturar y la promotora se quedaba el piso.