Inscribir a un hijo cuando nace, registrar un fallecimiento, modificar una incapacidad, solicitar un libro de familia...son trámites obligatorios y que, hasta ahora, se realizaban de forma gratuita. Sin embargo, a partir de 2017 el registro civil pasará a ser gestionado por los registradores que, según Laly Arnella, de CCOO, “cobran por aranceles”, lo que supondrá pagar por estas gestiones.
Pese a que desde el Gobierno central insiste en que no habrá que pagar nada, CCOO asegura que los registradores cobrarán por sus servicios, que “pueden ser más altos o más bajos, pero se pueden cambiar posteriormente”. Según tramitadores del Registro Civil consultados por el diario Noticias de Guipúzcoa, un certificado normal, como una fe de vida, costará entre 20 y 30 euros; hacer el duplicado del libro de familia, entre 100 y 150 euros; y obtener un acta matrimonial, entre 90 y 100 euros.
PRIMEROS PASOS HACIA LA PRIVATIZACIÓN
Arnella critica que haya que pagar por un servicio que siempre ha sido gratuito y que, además, es obligatorio. “No es de recibo que haya que pagar por algo que me obligan a hacer, como pedir un certificado de nacimiento”. Además, alerta de que ya se han dado pasos hacia esa privatización, como los expedientes de nacionalidad, ya en manos de los registradores, y por los que hay que pagar entre 100 y 300 euros.
Además, también se pretende que los notarios puedan realizar bodas y expedientes de matrimonio y estimen la idoneidad de las parejas para casarse y que la boda no sea fraudulenta. “Esto no es una función propia de un notario, sino que debería ser un juez del registro civil, como hasta ahora, el encargado de este trámite”.
El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha esta ley para reducir el colapso en los registros civiles y evitar las colas. De este modo, su gestión pasa a los registradores de la propiedad y mercantiles, cuando hasta ahora era un servicio público a cargo de funcionarios de Justicia especializados. “Dicen que lo hacen porque los registros civiles no dan abasto, pero tampoco se les ponían medios para mejorar”.
Lo cierto es que el Gobierno ya ha realizado una importante inversión -4 millones de euros- para que los registradores gestionen los expedientes de nacionalidad, además, del gasto que supone la informatización de documentos. “Si se hubiera puesto ese dinero a disposición de los funcionarios públicos que ya estaban haciendo ese servicio, no sería necesario privatizarlo”.
Otra de las críticas que ha recibido la ley es la pérdida de privacidad. “Se va a tratar el registro civil como si fuera un registro de bienes. Sus datos -con quién me caso, si adopto un hijo...-deben ser de carácter personal, no mercantil, en manos privadas”.
DESTRUCCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
Además, esta privatización conllevará la destrucción de empleo público. “Vamos a luchar para paralizar la ley, pero si no es así, pelearemos porque el registro lo sigan llevando funcionarios de Justicia, que puedan seguir trabajando hasta que cesen o se jubilen, con un sistema mixto con funcionarios y registradores”. La duda surge sobre qué pasará con los interinos, que no han logrado su plaza mediante oposición.
En La Rioja, hay registros civiles en los Juzgados de Logroño, Haro y Calahorra y algunos servicios también se prestan en los Juzgados de Paz. Unos 25 funcionarios se verían afectados por la nueva ley, que CCOO tratará de frenar mediante firmas y reuniones con los partidos políticos.