Lo que pretendían ser unas elecciones históricas en Costa de Marfil (ya que eran las primeras que se celebraban en diez años) se han convertido en un punto de inflexión que han precipitado a este país del África Occidental al borde de la guerra civil. La segunda vuelta de los comicios, celebrada el pasado 28 de noviembre, dio como ganador a Alassane Ouattara, candidato rival del hasta el momento presidente marfileño, Laurent Gbagbo. Sin embargo, este último no reconoció tal victoria y ha aprovechado la fidelidad de las Fuerzas Armadas para seguir en el poder y condenar al país a una constante inestabilidad.
El Ejército de Costa de Marfil se mantiene unido detrás de Gbagbo, según ha asegurado su portavoz, Babri Gohourou. “No hay ninguna duda sobre la cohesión como perfectos hermanos de armas de las fuerzas de seguridad y defensa”, señaló Gohourou en un discurso televisado. “Reiteramos nuestro constante apego al presidente”, aseguró.
Sus palabras se produjeron horas después de que el primer ministro del gobierno paralelo designado por Ouattara, Guillaume Soro, advirtiera de que la “única solución” para la crisis que atraviesa el país es la militar y pidiera a la comunidad internacional el uso de la fuerza para derrocar a Gbagbo.
La estrategia de Gbagbo
La sospechosa iniciativa de Gbagbo para salir de esta crisis es la que ha propuesto directamente a Ouattara: crear una investigación internacional sobre los disputados comicios, algo a lo que el candidato elegido se ha negado.
El presidente saliente dijo que el comité podría estar dirigido por la Unión Africana y contar con representantes de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (CEDEAO) , Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, todos los cuales han reconocido a Ouattara como ganador.
Sin embargo, esta propuesta no convence a Ouattara. “Hemos terminado con estos juegos”, ha señalado el portavoz del gobierno de Ouattara, Patrick Achi. “En los últimos cinco años, ha intentado maniobras para aplazar las elecciones. Finalmente, llegamos a ello, pierde y no quiere dejar el poder. No creemos que haya cambiado un ápice”, ha añadido.
Los diplomáticos consideran que la oferta de una investigación internacional es una táctica dilatoria por parte de Gbagbo. El presidente, en el poder desde unas disputadas elecciones en 2000 y que sobrevivió a un intento de golpe de Estado en 2002 que desencadenó una guerra civil, se ha negado a dimitir pese a la presión internacional y las sanciones impuestas en su contra.
Preocupación internacional
Mientras la violencia se desata en Costa de Marfil, fruto de este período de inestabilidad y enfrentamiento entre los partidarios de los dos candidatos, la preocupación de la comunidad internacional va en aumento, pues temen el estallido de una guerra civil que divida aún más al país.
De momento, la mayoría de los actores internacional reconocen a Ouattara como
vencedor de los comicios, al tiempo que urgen a Gbagbo a abandonar el poder. Así Estados Unidos ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cerca de 200 personas han muerto en la violencia en Costa de Marfil por culpa de este enfretamiento.
“Tenemos datos creíbles de que ya han muerto casi 200 personas,
mientras que decenas más han sido torturadas o maltratadas, y otros han sido sacados por la fuerza de sus casa en mitad de la noche“, ha relatado la embajadora estadounidense, Betty E. King.
Además de las denuncias algunos actores han pasado ya a la acción contra el gobierno de Gbagbo. El Banco Mundial ha congelado los fondos a Costa de Marfil para forzar la dimisión del presidente saliente, según anunció el presidente del organismo financiero, Robert Zoellick. “Ya han sido congelados”, declaró Zoellick a la prensa tras reunirse en París con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y con la ministra gala de Economía, Christine Lagarde.
Por otro lado, los países miembros de la Unión Europea (UE) han acordado prohibir la concesión de visados al hasta ahora presidente de Costa de Marfil, su esposa y otros 17 aliados políticos por considerarlos responsables de la crisis política que vive el país. Además, los Estados miembros sopesan además la congelación de los bienes de estos mandatarios.
Desde Naciones Unidas, el secretario general de la organización, Ban Ki-moon, ha subrayado la importancia de que la comunidad internacional actúe rápida y decisivamente para resolver la cuestión del reconocimiento de Ouattara y no dejar lugar a confusiones sobre la postura internacional en torno a la situación en Costa de Marfil.
Ban también advirtió que Costa de Marfil afronta un riesgo real de retorno a la guerra civil y denunció la presencia de mercenarios reclutados para atacar a ciertos grupos de la población marfileña.
Por otra parte, el secretario general de la ONU ha rechazado las acusaciones de parcialidad y ha señalado que con la campaña de intimidación y violencia, la intención clara del presidente saliente y de las fuerzas de seguridad que le son leales es bloquear el trabajo de la Misión de la Organización en el país (UNOCI) y de sofocar al gobierno del presidente electo. “El papel de la Misión es más crítico que nunca para la estabilidad de Costa de Marfil y para toda la región”, apuntó Ban.
El mandato de la UNOCI ha sido extendido recientemente por el Consejo de Seguridad de la ONU por un periodo de seis meses, hasta el 30 de junio de 2011. De esta manera, se analizará la posibilidad de autorizar la reasignación temporal de nuevos efectivos a la UNOCI, ya que actualmente, la Misión cuenta con unos 10.000 efectivos entre militares y policías y podría necesitar más.
El texto reafirma la determinación del Consejo de Seguridad de imponer medidas, incluso sanciones selectivas, contra quienes amenacen el proceso de paz y reconciliación nacional, sobre todo a quienes traten de socavar el resultado del proceso electoral.
Esta decisión choca con la postura de Gbagbo quien recientemente ha llamado a la retirada de las tropas de la UNOCI, ya que en estos momentos son los encargados de proteger a Ouattara.
Mientras la tensión continúa sólo queda esperar a la recapacitación del presidente saliente, un abandono del poder que de no producirse podría provocar la intervención de fuerzas internacionales o aún peor la reactivación de una sangrienta guerra civil que divida nuevamente al país.