Estados Unidos y México están pendientes en estos momentos de Susan Bolton. Esta mujer estadounidense es la jueza encargada de dictaminar la constitucionalidad o no de la conocida como Ley Arizona, que pretende regular la inmigración irregular en dicho Estado. Por el momento, la magistrado ha interrogado a los abogados que representan al Gobierno estadounidense y al Ejecutivo de Arizona sobre la constitucionalidad de la nueva ley, que se espera entre en vigor la semana que viene.
Bolton consultó a los abogados de ambas partes en una audiencia de 90 minutos
si la Ley de Arizona (que facilita la detención y expulsión de extranjeros del estado) implica un conflicto de competencias con el Gobierno federal.
El Departamento de Justicia se encuentra entre los demandantes
(que incluyen grupos de derechos civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes) que han presentado siete demandas separadas que buscan impedir que la ley entre en vigor.
Pese a que encuestas recientes muestran que una amplia mayoría de estadounidenses están a favor de la nueva ley de inmigración de Arizona, el Gobierno del presidente Obama se opone a la aplicación de esta medida ya que cree que entraría en contradicción con los ordenamientos legales de otros estados del país.
El representante del Departamento de Justicia argumentó ante la jueza que la instancia encargada de definir las políticas de inmigración que se aplican en el país es el Gobierno central, y no los estados.
Por otro lado, según informa el diario mexicano El Universal, un bloque de 81 congresistas republicanos han presentado argumentos para tratar de “matar” el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Departamento de Justicia.
En un documento presentado como “amigos de la corte” (que han utilizado para solidarizarse con la gobernadora de Arizona, Jan Brewer), los republicanos soLa magistrada encargada de dictaminar sobre la constitucionalidad de la Ley Arizona no ha fijado un plazo para la emisión del fallo.stienen que la demanda del gobierno federal carece de mérito y que el estado de Arizona tiene el derecho de defenderse contra la inmigración irregular.
Los republicanos sostienen que “los principios constitucionales del federalismo y la separación de poderes se encuentran bajo amenaza por las demandas que han sido presentadas contra el estado de Arizona”.
La Ley Arizona ha sido considerada racista por numerosas asociaciones de latinos estadounidenses y por un buen número de gobiernos de América Latina, que opinan que la nueva ley está enfocada específicamente a hostigar a la población hispana.
Los defensores de la medida, por su parte, niegan que la ley nazca de motivaciones racistas, y sostienen que sólo pretende frenar el aumento de la criminalidad en Arizona, del que culpan a los extranjeros.