Consideran que la medida está justificada porque el juez podría haber cometido tres faltas de carácter muy grave que no han prescrito.
En un documento remitido al Consejo el pasado viernes, los letrados justifican su petición en el hecho de ser parte en la querella contra Garzón ya que, pese a ser archivada, motivó la apertura de la investigación por el Consejo.
El pasado día 10, el órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias de investigación por el cobro por parte de Garzón de algo más de 200.000 dólares durante su estancia académica en Estados Unidos, entre marzo de 2005 y junio de 2006, a la vista de un auto dictado un día antes por el Tribunal Supremo que se sugiere que el magistrado podría haber incurrido en una falta disciplinaria al no haber comunicado dicha circunstancia al órgano de gobierno de los jueces.
FALTAS
Según los abogados, Garzón podría haber incurrido en ocultación de datos en obtención de ayudas económicas (artículo 417.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que se inicia en marzo de 2005, cuando empieza a recibir el segundo sueldo del Centro de Derecho y Seguridad de la Cátedra Rey Juan Carlos, y concluye cuando deja de percibir el sueldo en junio o julio de 2006.
Igualmente consideran que merece una sanción muy grave que Garzón no solicitara la autorización de compatibilidad en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006 para realizar una actividad remunerada con cargo a entidad privada. Se trata de una falta de incumplimiento inexcusable de deberes profesionales o judiciales señalada en el artículo 417.14 de la LOPJ., según esta parte.
Además, piden responsabilidades disciplinarias al magistrado por Infracción del deber de abstención en la querella dirigida contra directivos de la entidad patrocinadora de los dos cursos dirigidos por el denunciado (Diálogos Transatlánticos y Derechos Humanos en Latinoamérica)“en los que este obtuvo ventajas directas como aumento de su prestigio y de su influencia internacional”.
En su querella inicial ante el Tribunal Supremo, que fue archivada, el abogado Panea acusó a Garzón de cohecho y prevaricación por haber recibido supuestamente 1,7 millones de dólares del Banco Santander Central Hispano (BSCH) por la presentación de un ciclo de conferencias en Estados Unidos, celebrado durante la licencia por estudios de la que disfrutó el juez en dicho país, y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.