Piden cuatro años de cárcel para María Luisa Alonso y Julián San Martín por malversación de fondos

El caso de la contratación de María Luisa Alonso a cargo de su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Logroño no ha finalizado. Superadas las barreras administrativas, el asunto llega ahora a los tribunales.

Lo hace a través de una denuncia presentada el pasado mes de enero por uno de los miembros de la Junta Directiva Regional del partido, cesado el pasado mes de mayo. Enrique Echezarra ha decidido dar ahora un paso más y ha acusado a María Luisa Alonso y a Julián San Martín, ambos concejales del Ayuntamiento de Logroño, de un presunto delito de malversación de fondos públicos. Solicita en su escrito de acusación una pena de “cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación especial para el cargo o empleo público y para el ejercicio de sufragio pasivo”.

La denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva Rioja2, plantea un relato de los hechos recordando que el pasado mes de abril Rioja2 desveló la contratación irregular de la concejal María Luisa Alonso como auxiliar administrativo a cargo del Grupo Municipal de Ciudadanos, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Bases del Régimen Local.

Argumenta, además, que la ilegalidad del contrato era de sobra conocida por los firmantes ya que, además de estar al corriente de la ley municipal, los grupos tenían en su poder el Reglamento Orgánico del Pleno, que también lo prohibe, y una advertencia por escrito de Intervención. A pesar de todo ello, y una vez que la Junta Directiva tuvo conocimiento y pidió explicaciones, “lejos de tomar acciones inmediatas contra las personas que habían realizado dichas contrataciones irregulares (...) se le sanciona con la expulsión del partido (al demandante) alegando motivos ajenos a los expuestos” argumenta el escrito.

Enrique Echezarra explica en su denuncia que, durante todos estos meses ha ido recabando información de los hechos, documentos e incluso grabaciones en las que la propia Alonso reconoce que “la intención era descargar las cuentas del partido de los cargos orgánicos para tener más dinero para la campaña”. En esas grabaciones señala también que se trataba de una orden directa de Barcelona.

A pesar de que el dinero fue devuelto (en opinión de Echazarra por la evidente presión mediática), “resulta evidente que se ha producido el empleo de fondos públicos aplicados a una finalidad no contemplada legalmente”.

Por todo ello, teniendo en cuenta que tanto Alonso como San Martín “firmaron un contrato laboral habiendo sido informados de la prohibición expresa” y habiendo manifestado Alonso que “el motivo era descargar las cuentas del partido para tener fondos para la campaña”, Echezarra solicita en su denuncia una pena de 4 años de cárcel y 10 años de inhabilitación especial para el cargo o empleo público y para el ejercicio del sufragio pasivo.

Aporta además todos los documentos referidos y solicita la declaración del Interventor del Ayuntamiento, de la ex concejal Nazareth Quijano y de tres miembros de la Junta Directiva cesada entre otros. Pide que se requiera información adicional tanto al Ayuntamiento como al propio partido.

La demanda está actualmente a la espera de ser admitida a trámite aunque, según ha podido saber Rioja2, los acusados ya se han personado a través de su abogado.

“UN MERO ERROR ADMINISTRATIVO”

Por su parte, Ciudadanos (Cs) La Rioja ha indicado que el motivo de la denuncia interpuesta en el juzgado de Logroño en relación a las funciones desempeñadas dentro del partido por dos concejales del Ayuntamiento constituye “un mero error administrativo, solventado en el momento en que fue detectado, hace diez meses, y completamente regularizado ante la Seguridad Social y Hacienda”.

Este partido ha aclarado que el Juzgado se ha limitado a solicitar información que el partido ha puesto ya a su disposición, de igual manera que hizo en su momento ante la administración estatal y local sin llevar a cabo ninguna actuación sancionadora.

Además, el pasado mes de julio el pleno municipal del Ayuntamiento de Logroño “dio por reparados los posibles perjuicios del contrato de la concejala Mª Luisa Alonso por el grupo municipal de Cs a la Hacienda local, ya que el dinero fue restituido por completo”.

Así mismo, han recordado que al ahora denunciante se le abrió expediente disciplinario con resultado de expulsión del partido en 2016.