El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha expresado la “profunda preocupación” que suscitan casos como las violaciones perpetradas por menores de edad, pero alertó de que “no sólo a través del proceso penal se resuelven estos asuntos” De esta manera, invitó a hacer una reflexión colectiva sobre el incremento de violencia y capacidad delictiva de jovenes españoles, cada vez a edades más tempranas.
A la pregunta sobre si estima necesario modificar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, Conde-Pumpido señaló que ésta revisión debe ser planteada por el Congreso de los Diputados y “en todo caso debe ser una reflexión que haga toda la sociedad”. A su juicio, “ahora mismo hay un problema educativo y de reflexión social”.
Sobre de la idoneidad de rebajar la edad a la cual se pueda imputar una responsabilidad penal a un menor, incidió nuevamente en que se trata de una decisión que debe adoptar el Legislativo, mientras que “por parte de la Fiscalía se actuará con el máximo rigor” de acuerdo a la normativa vigente.
Conde-Pumpido ha señalado que ha dado instrucciones a la Fiscalía de Menores “para que actúe con el máximo rigor de acuerdo con la ley vigente”. “Existe ya una norma que nos permite como fiscales sancionar estos hechos y actuamos siempre conforme al principio de legalidad, de acuerdo con la ley que en este momento tenemos”, aseguró.
El Fiscal General del Estado ha realizado estas declaraciones antes de participar en el curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial que analiza la futura reforma del Código Penal. A este respeto, argumentó que “todas las leyes procesales han cambiado menos la ley por la cual circulan más de las tres cuartas partes de los procedimientos”, dijo en referencia al Código Penal.
“Mientras no adaptemos al siglo XXI la ley del proceso penal que es del siglo XIX, seguiremos teniendo una justicia que circula a la velocidad del siglo XIX”, afirmó. Por ello, apostó por “obtener consenso político” para ejecutar “la gran reforma legislativa pendiente de la democracia que es la reforma del proceso penal”.