El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, se reúne este lunes con las comunidades autónomas para analizar el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C y ver los mecanismos de financiación que propone el Ministerio de Hacienda para poder pagar los 727 millones que les costarán los nuevos medicamentos orales de última generación.
A la reunión, de carácter informal, acudirán representantes de las consejerías de Sanidad de todas las comunidades, también la riojana, para conocer las alternativas que el Gobierno baraja para garantizar su “estabilidad financiera” ante el pago de estos fármacos, que consiguen la curación en más del 90 por ciento de los casos pero presentan un precio muy elevado.
“Deben pagar el Estado y las comunidades autónomas”
Por su parte la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en La Rioja considera que la aportación económica “debe ser asumida por el estado y las comunidades autónomas”. En este sentido, los afectados riojanos apuntan que la aportación que corresponda a las comunidades autónomas, se justifica porque las mismas disponen de las competencias sanitarias.
El Gobierno de España, por su parte, tiene la obligación de invertir en el plan para garantizar una aplicación homogénea en todo el Estado, asumiendo así parte de la responsabilidad por la propagación de la enfermedad en hospitales, incluso antes de las transferencias sanitarias.
Y para exigir esta dotación económica contra la hepatitis C, una representación de la Plataforma desplegará una pancarta ante la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja a las 11:00 de esta mañana.
95.524 pacientes en toda España
Según ha constatado el Ministerio, en España hay un total de 95.524 pacientes diagnosticados. De todos ellos, el comité de expertos al que Alonso encargó el plan en enero ha determinado que los nuevos medicamentos deben utilizarse en algo más de la mitad (51.964), aquellos presentan una fibrosis “significativa” en el hígado, entre F2 y F4, así como otros pacientes más avanzados que ya sufren cirrosis, cáncer hepático o han sido trasplantados.
Tras conocer esta epidemiología, Sanidad renegoció el precio de los medicamentos con las compañías farmacéuticas gracias a fórmulas de riesgo compartido, una “tarifa plana” por la que el Sistema Nacional de Salud (SNS) paga lo mismo si el tratamiento dura las 12 semanas establecidas o si hay que ampliarlo a 24 semanas; precio por volumen (a más pacientes baja el precio), o techo de gasto.
Estos mecanismos, y la competencia generada por la aparición de nuevos medicamentos (en abril estarán disponibles dos más) ha permitido cerrar un techo de gasto global de 727 millones de euros, lo que implica bajar el coste del tratamiento de los 43.500 euros por paciente que preveía inicialmente Sanidad hasta algo más de 13.900 euros.
Además, ha acordado que el pago se pueda hacer en tres años, lo que supondría unos 242 millones de euros anuales, para garantizar que los servicios de salud aseguran el acceso a estos medicamentos a los pacientes de manera inmediata.
“Los laboratorios podrán esperar para cobrar, las comunidades para pagar, pero el que está enfermo no puede esperar para ser curado”, defendía Alonso la semana pasada durante la presentación del plan.
Alonso reconoció que, en principio, las comunidades tienen capacidad financiera para asumir este gasto gracias a los ahorros que han conseguido en el gasto farmacéutico en los últimos años. De hecho, ha asegurado que solo en enero y febrero han ahorrado 150 millones gracias a que fármacos para otras patologías han perdido su patente y han bajado de precio.
No obstante, y a fin de garantizar que los tratamientos se usan de forma equitativa en todas las comunidades, está previsto que Hacienda ofrezca “mecanismos de financiación suficientes” para permitir acometer el pago “sea cuál sea el momento en que haya que adquirirlos”.
De momento no habrá presupuesto específico
Una medida que la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) considera insuficiente y, por ello, este viernes registraron en el Congreso más de 200.000 firmas para exigir la creación de una partida presupuestaria específica para que las comunidades puedan pagar estos 727 millones.
“Ellos son administradores de las arcas públicas, han dado 30.000 millones de euros para rescatar autovías y a nosotros nos siguen negando una partida económica para rescatar nuestras vidas, ya está bien”, según denunció el presidente de la plataforma, Mario Cortés, que teme que “las comunidades más ricas puedan tratar a sus enfermos y las más pobres o que han robado más, se quedarán sin tratamiento”.
El presupuesto específico también ha sido una petición constante de los grupos parlamentarios de la oposición y de algunas comunidades, como Asturias o Andalucía, que en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) reclamaron una partida específica para poder hacer frente al gasto de estos fármacos.
Una vez las comunidades acepten el plan y las condiciones de financiación negociadas por el Ministerio, será necesario convocar una nueva reunión de este organismo para dar el visto bueno definitivo a la estrategia. No obstante, desde Sanidad aseguran que los nuevos criterios ya se están usando a la hora de atender a los pacientes que necesitan medicación.