Santiago Mainar, condenado a 20 años y nueve meses de prisión por la muerte en 2007 del alcalde de Fago (Huesca), Miguel Grima, volvió este martes por la noche al complejo sanitario Miguel Servet, después de que el personal sanitario de la cárcel zaragozana de Zuera decidiera reforzar el protocolo de prevención de suicidios que se le aplica desde hace días.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron que Mainar partió hacia el Miguel Servet a las 21.00 hora. No hay constancia oficial del motivo por el que el médico de Zuera ha tomado esta decisión.
Según indicaron otras fuentes, Mainar se encontraba en la Enfermería del centro penitenciario, donde el médico ordenó reforzar al máximo la vigilancia sobre el preso, de tal manera que decidió que se le realizara una visita médica diaria y que un funcionario del Cuerpo de Prisiones le viera cada hora, tanto de día como de noche.
Este es el tipo de asistencia que se presta a presos en situación especial, como los que realizan huelga de hambre y otros. Mainar se encuentra desde este martes, otra vez, en el módulo de presos del complejo sanitario Miguel Servet de Zaragoza.
El asesino confeso del alcalde de Fago volvió a prisión el lunes 7 de diciembre, después de permanecer durante siete días, desde el día 1 de este mismo mes, en el Miguel Servet. Entonces, el personal sanitario de Zuera decidió enviarlo de urgencia al Servet al sospechar que podría haber ingerido algún medicamento de forma errónea, aunque en el hospital de la capital aragonesa comprobaron que su estado era leve.
Santiago Mainar debe cumplir una pena de 20 años de prisión por el asesinato de Grima y otros nueve meses de privación de libertad por tenencia ilícita de armas, además de indemnizar a las hermanas y la viuda del alcalde de Fago y no poder acercarse a ellas ni visitar el casco urbano de Fago en una década a partir de su salida de prisión, cuando cumpla condena.
Horas después de que, el 4 de diciembre, la Sala de la Audiencia Provincial de Huesca hiciera público su fallo condenatorio, el abogado de la defensa, Marcos García Montes, anunció en rueda de prensa celebrada en Madrid su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) al entender que la investigación realizada por la Guardia Civil no respetó por completo la legalidad.