En un esperado discurso pronunciado en presencia de la plana mayor del Gobierno en la emblemática localidad norteña de Douai, sede de una de las factorías de Renault, Sarkozy desgranó sus medidas después de exponer su visión sobre una crisis que, dijo, no será “ni pasajera ni coyuntural”.
Es más, a su juicio, las huellas de la crisis “no se borrarán con rapidez” sino que conducirán a una transformación económica, social y política que hará “profundamente diferente” al mundo que surja de ella, un mundo que, según el presidente galo, reclamará “más regulación, más protección y más justicia”.
De hecho, auguró un nuevo equilibrio entre el Estado y el mercado o entre el capital y el trabajo y que cambiará, por lo tanto, los “equilibrios del mundo” y no debe llevar a contentarnos con “limitar los daños”, dijo un Sarkozy que apostó por ser “ambiciosos, audaces e imaginativos”.
En el terreno de lo concreto, prestó una atención particular a los sectores de la vivienda y del automóvil. En el primer caso, para advertir de que si la construcción se ralentiza, el actual desfase entre la oferta y la demanda se incrementará y se llegaría a una situación “catastrófica”.
Por ello, y para prevenir nuevas “burbujas” especulativas, Sarkozy propuso duplicar los créditos a tipo cero para la compra de nuevas viviendas y un plan de construcción suplementario de 70.000 viviendas nuevas, la mitad de ellas sociales, que se unirán a las 30.000 ya anunciadas anteriormente.
Además, creará un fondo dotado con 200 millones de euros para la renovación y la mejora de los habitáculos insalubres. También se acelerará el programa de renovación urbana por un montante de 600 millones de euros de forma que en total irán a parar al sector 1.800 millones de euros.
El otro sector prioritario es el el automóvil, al dar empleo al 10% de la población activa. En este caso se trata en primer lugar de dar salida a los stocks para poder reanudar la producción, de ahí que se instaure una prima de 1.000 euros para incitar a los franceses a renovar su coche, prima que se aplicará a los utilitarios que emitan menos de 160 gramos de CO2.
En segundo lugar se desbloqueará el crédito para la compra abriendo en los organismos de crédito de los constructores una línea de financiación de 1.000 millones.
“Dado que la única firma que cuenta hoy es la del Estado, el Estado debe firmar y dar su garantía para que la economía se financie”, presumió Sarkozy. Y para ayudar a las empresas subsidiarias del automóvil se creará un fondo de reestructuración dotado al mismo tiempo por constructores y por el Estado a través del fondo estratégico de inversión.
CON DESLOCALIZACIÓN, NO HAY DINERO
Llegados a este punto, Sarkozy justificó las medidas para no dejar que la industria automovilística francesa se sitúe en desventaja respecto a su competencia norteamericana, pero también advirtió seriamente a los constructores automovilísticos que el Estado no apoyará a quienes deslocalicen su producción en el extranjero y que no permitirá la desmantelación del tejido industrial francés.
“El Estado está dispuesto a hacer todo por salvar al sector del automóvil, pero no estoy de acuerdo en ayudar a las empresas con el dinero público si éstas continúan a deslocalizar sus actividades en el extranjero”, avisó. “No habrá salvamento ni en el sector del automóvil ni en otros sin contrapartidas”, continuó.
Por otro lado, avanzó una aceleración “sin precedentes” de las inversiones públicas, en las áreas de Defensa, Patrimonio o Sanidad así como para la renovación de los edificios administrativos, el acceso a discapacitados, renovación de los tribunales, construir nuevos establecimientos penitenciarios o mejorar los transportes.
La inversión en infraestructuras viarias, ferroviarias, fluviales y en la Universidad también se acelerará de tal forma que en 2009 y 2010 el Estado destinará 4.000 millones de euros más en proyectos que “dormían en las cajas” de los Ministerios. Este esfuerzo se unirá a los grandes proyectos, como el del Tren de Alta Velocidad (TGV, según sus siglas en francés).
Las inversiones en empresas de titularidad pública como GdF, La Poste, los transportes parisinos (RATP) o la Empresa estatal de Ferrocarril (SCNF) aumentarán también 4.000 millones de euros que se dedicarán a la producción de energía, investigación en energías renovables, innovación y renovación de las redes. En total, serán 10.500 millones en dos años.
El Estado aportará su garantía a la financiación de las exportaciones y acelerará el pago de la deuda a las empresas y a principios de 2009, pagará 11.000 millones de euros que podrán ir a la inversión y mejorar la situación de Tesorería.
Para estimular la creación de empleo, las empresas de menos de diez trabajadores verán reducidas sus cargas sociales en todos los contratos realizados en 2009, una medida que le costará al Estado unos 700 millones de euros. A ello se añadirá una partida suplementaria de 500 millones para las políticas de empleo.
Mientras, la población más desfavorecida, aquélla que se beneficia del llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA, según sus siglas en francés) recibirá una paga extra de 200 euros a finales del próximo mes de marzo o principios de abril, una medida que afectará a unos 3,8 millones de hogares franceses y que supondrá 760 millones de euros.
OTRAS INICIATIVAS
Las medidas anunciadas hoy se unen al resto de iniciativas que el jefe del Estado galo viene poniendo encima de la mesa desde hace meses. Así, hasta la fecha ha presentado un plan de apoyo a las Pymes dotado con 22.000 millones de euros y una garantía del Estado para los préstamos interbancarios por valor de 320.000 millones.
A ello se añade la inyección de 10.500 millones para los seis principales bancos franceses, de un total de 40.000 millones para recapitalizar el sector financiero, y un fondo estratégico de inversiones para apoyar a las empresas con 20.000 millones de euros.
Francia va camino de la recesión y su crecimiento podría contraerse cuatro décimas en 2009, según las previsiones de la OCDE. El déficit presupuestario puede alcanzar el 2,9% y dispararse hasta el 3,9% en 2010, mientras que la deuda pública alcanzaría el récord del 70% del PIB en dos años.
En términos de empleo, el país ha visto crecer en 46.900 el número de nuevos parados en el mes de octubre, pasando así la barrera de los dos millones de desempleados, la cifra más alta desde abril de 2007. En un año, el número de solicitantes de empleo ha crecido un 4,4% y la OCDE estima en un 8,7% la tasa de paro en Francia en 2010.