El Gobierno de La Rioja ha aprobado ampliar hasta los 3 millones de euros el presupuesto de las ayudas al alquiler de vivienda con el objetivo de atender todas las solicitudes que cumplan con los requisitos.
En la actualidad, la Dirección General de Urbanismo y Vivienda está tramitando las solicitudes recibidas en esta convocatoria con la previsión de que los beneficiarios puedan comenzar a recibir la ayuda a partir del próximo mes de enero. El presupuesto inicial de 2.559.000 euros, ha informado la Portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, se ha completado con una partida adicional de 400.000 euros.
Las ayudas al alquiler de vivienda son una línea prioritaria dentro del Plan de Vivienda 2013-2016, prorrogado durante 2017. En el marco de este programa se han concedido en La Rioja más de 4.000 ayudas a inquilinos en los últimos tres años, con un presupuesto conjunto de cerca de 6 millones de euros.
Según ha detallado la portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, la ayuda al alquiler del Gobierno de La Rioja “pretende reducir el esfuerzo económico para afrontar el pago del alquiler de las familias con más dificultades y de colectivos prioritarios”, como familias numerosas o monoparentales con hijos a cargo, personas con dependencia o discapacidad, afectados por desahucios o víctimas de la violencia de género.
En concreto, cubre hasta el 40% de la renta anual de la vivienda habitual, con un máximo anual de 2.160 euros. Además, la actual convocatoria contempla como novedad que las cuantías serán siempre superiores para los colectivos preferentes, para los que se mantienen los mismos requisitos. La ayuda se concederá por un plazo de 12 meses, que se podrá prorrogar en las siguientes convocatorias.
Los beneficiarios deberán tener unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM (22.365 euros) y dedicar más de un 25% de los mismos al pago del alquiler, cuyo precio será de 450 euros al mes como máximo. Además, otro de los requisitos que se incorporan por primera vez a la convocatoria es la obligatoriedad de justificar unos ingresos mínimos para afrontar el pago del alquiler.