Patrullas de vecinos en los barrios, denuncias particulares, o multas de entre 5.000 y 10.000 euros son algunas de las medidas que se podrán emprender con los inmigrantes indocumentados en Italia, tras la aprobación, el día 8 del presente mes de agosto, de una ley de inmigración que afirma que ser inmigrante sin papeles es un delito.
Otros de los aspectos que recoge esta ley, es que el inmigrante sin papeles que sea detenido en Italia, pasará 6 meses en un centro de internamiento antes de ser repatriado, o incluso que la persona que aloje o alquile un piso a otra en situación de indocumentación, puede enfrentarse a 3 años de cárcel, además de que las cuantías a pagar por el permiso de residencia oscilarán entre 80 y 200 euros.
Sin papeles en regla, no se puede acceder a ningún tipo de oficina pública, según la nueva ley de inmigración italiana, lo que supone una paradoja que dificulta hasta el extremo la tramitación de los documentos más básicos, como el censo.
Las primeras detenciones ya han tenido lugar en Milán, Sanremo y Bolonia, ya que esta ley permite crear patrullas ciudadanas para “mantener el orden y denunciar a la comisión de delitos”, al norte del país, estos grupos ya están empezando a operar.
Antes de la legalización de este conjunto de medidas, Human Rights Watch ya había advertido sobre sus peligros diciendo que, “al mismo tiempo que aumenta la intolerancia es una receta para el desastre. Si estos grupos utilizan la violencia contra los inmigrantes, el Estado será directamente responsable”.
Se estima que en Italia viven 650.000 personas inmigrantes indocumentadas. Al mismo tiempo que la ley criminaliza la inmigración, el gobierno ha decidido regularizar unas 300.000, ante el peligro que las familias que contratan inmigrantes como personal doméstico o cuidadores se queden sin sus servicios.