La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, ha garantizado que su departamento “va a cumplir con todos los beneficiarios de la Renta de Ciudadanía” y todos “van a cobrar la renta que les corresponde” a pesar de “la mala planificación en la gestión del Gobierno anterior que la presupuestó en 5,5 millones de euros por debajo de la realidad”.
Ana Santos ha querido asegurar a los perceptores de esta renta que, a mes de octubre de 2019 son 2.188 en La Rioja, que su Consejería “va a hacer frente” -a través de ciertas modificaciones presupuestarias- de esos ingresos porque “nuestro deber es cumplir con este derecho que tienen las familias riojanas”.
La consejera de Servicios Sociales ha realizado estas declaraciones a los medios minutos antes de presidir el Consejo Riojano de Servicios Sociales donde ha informado a las entidades correspondientes de ciertas modificaciones legislativas que van a tomar efecto. En este punto, ha indicado, “nosotros dijimos desde que llegamos al Gobierno que íbamos a hacer las cosas de otra manera” y “bajo tres principios: conocimiento, transparencia y participación y eso es lo que vamos a hacer”.
“Queremos ser transparentes y facilitar toda la información porque la Consejería tiene esa obligación”, ha defendido.
En cuanto a la Renta de la Ciudadanía, la consejera ha explicado que “cuando llegamos al Ejecutivo y, tras hacer un análisis, hemos visto este agujero que era una trampa presupuestaria”. Esta situación, ha continuado, “nos ha obligado a realizar ciertas modificaciones con las que no podremos hacer frente a otras necesidades sociales que también son urgentes pero debemos y tenemos que priorizar”.
Así, ha lamentado, “si yo presupuesto la Renta de Ciudadanía en 5,5 millones por debajo de la realidad (en referencia al Gobierno anterior) me permite 'vender humo' y hablar de otras acciones políticas que después no podré llevar a efecto”. Lo cierto -ha recalcado- es que “en este momento, la nómina de la renta mensual es de 1,1 millones de euros y nos hemos encontrado con que en octubre, noviembre o diciembre no había dinero para pagarlas”.
Ante ello, Santos ha asegurado que la administración “tiene el derecho de pagar a los beneficiarios” y así “lo va a hacer” para “dar respuesta a estas familias que no están en exclusión social en el 70 por ciento de los casos, sino que son víctimas de la crisis que se han encontrado sin empleo y sin ingresos”. Para ellos “estamos haciendo frente al pago de la renta y así lo haremos porque es una prioridad y un derecho de los beneficiarios que vamos a cumplir”, ha defendido.
Además, ha informado de que también van a modificar un aspecto de la Ley “para no penalizar doblemente a los beneficiarios cuando existe algún incumplimiento por su parte”.
“Ahora mismo -ha explicado- en la tramitación de los papeles puede haber una suspensión de la Renta de seis o doce meses según los incumplimientos. Una situación que obligaba a alargar la tramitación y, por tanto, se doblaban los tiempos. A partir de ahora no será así”.
Perfil
La consejera también ha detallado que su departamento ha realizado un análisis de todos los datos de los perceptores que “no se había hecho hasta ahora”. Así, en el mes de octubre hay 2.188 preceptores “pero si contamos a la persona de la unidad de convivencia de cada uno de ello podemos decir que llega a 4.921 personas”.
Y “como foto fija”, ha explicado, “el beneficiario es una mujer española de entre 36 y 50 años que vive en Logroño, responsable de una unidad de convivencia monoparental y que se encuentra en disposición de acceder a una formación para una impulsión en el empleo”.
Ante ello, desde el Gobierno de La Rioja -ha asegurado Santos- “nuestro deber será intensificar medidas con empleo que hasta ahora no estaban exploradas y establecer políticas de inserción laboral en pro de las mujeres, favoreciendo la conciliación laboral y logrando una mayor inserción para que el cobro de la cuantía sea algo transitorio”.
Concierto social
En otro orden de asuntos, la consejera también ha informado de que en la próxima ley de medidas para los presupuestos de 2020 van a plantear la modificación del Concierto Social establecido en 2018 y en el que se daban entrada a entidades con y sin ánimo de lucro, ahora irá destinada, exclusivamente, a las entidades sin ánimo de lucro.