El Gobierno de La Rioja solo permitirá nuevos ingresos en viviendas y residencias de personas mayores y personas con discapacidad en situaciones de emergencia social, es decir, “cuando su situación social requiera de una atención urgente en una residencia como único recurso”.
Así lo establece el nuevo protocolo que ha elaborado la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía. El documento ya ha sido remitido a los centros y aclara que el personal médico de Atención Primaria o del hospital donde esté siendo atendida “deberá emitir un informe médico que acredite que el nuevo residente no presenta síntomas, no es sospechoso o no es positivo en COVID-19”.
Es decir, el nuevo residente deberá tener una PCR negativa y, en cualquier caso, deberá permanecer en cuarentena durante catorce días en el centro residencial.
En caso de que durante el periodo de aislamiento, el nuevo usuario presente sintomatología COVID-19, el personal de la residencia deberá ponerse en contacto con el médico de atención primaria correspondiente y aplicar las indicaciones del protocolo de control de la epidemia en este tipo de centros.
Por su parte, el centro residencial deberá disponer entre dos y cinco habitaciones libres en función del número de plazas autorizadas, espacio que se destinará al aislamiento de la nueva persona usuaria.
Los nuevos ingresos solo serán posibles, se insiste desde el Ejecutivo, cuando exista una urgencia social que acreditará un informe social de los Servicios Sociales Comunitarios.