El PSOE de La Rioja ha puesto el foco este martes en las tarjetas monedero. Y es que la diputada María Somalo asegura que el Gobierno de La Rioja “desprotege a los más vulnerables” en el reparto de dichas tarjetas. Y además, La Rioja “es una de las CCAA que más ha tardado en ponerse a trabajar para gestionar las tarjetas”. Lo que supone que en esta Comunidad “la tarjeta monedero tendrá efectos a partir de este mes de junio, cuando otros territorios las están gestionando ya desde mayo o junio”.
El BOR publicaba hace unos días una Resolución de la dirección general de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad que fija el procedimiento de acceso y derivación al Programa de Asistencia Material Básica en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Un procedimiento que a su juicio, “vulnera totalmente la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ya que no hay posibilidad de que se inicie el proceso con una solicitud de posibles beneficiarios del programa”.
Y es que, tal y como ha explicado, “son los trabajadores sociales de primer nivel, es decir, los de los Ayuntamientos, los encargados de detectar posibles beneficiarios y recabar la documentación necesaria”. Estos trabajadores, ha añadido la diputada, “tiene que trasladar después la documentación a los Centros de Coordinación de Servicios Sociales y derivar a los beneficiarios”. María Somalo ha asegurado que “la fecha de efectos económicos de la tarjeta monedero será la de la de esta derivación”.
En este sentido, Somalo ha explicado que la fecha de efectos “no puede someterse a las disponibilidades de los trabajadores sociales”. De hecho, la diputada Socialista se ha preguntado qué sucedería “si no pueden recibir o dar cita a los beneficiarios en varias semanas”. Y es que Somalo ha dicho que “cada día que se tarda en derivar, supone un día menos de efectos económicos de la tarjeta y un día menos de comida”.
Además, Somalo ha denunciado que “no se va a emitir ningún tipo de Resolución administrativa que sea impugnable por quienes se hayan quedado fuera del programa y cumplan los requisitos para ser beneficiarios”. Si no hay Resolución, ha añadido, “no hay posibilidad de impugnar esa denegación y el ciudadano queda en situación de absoluta indefensión”.