El Tribunal de Cuentas detecta 117 incidencias en la ejecución de contratos en ayuntamientos riojanos durante 2012. Unas anomalías que tienen que ver con “importantes desviaciones temporales no justificadas e incremento de costes”. Junto a los riojanos, el Tribunal de Cuentas también encuentra irregularidades en consistorios de Extremadura, Murcia y Cantabria.
Así lo pone de manifiesto el organismo en el informe de fiscalización de las incidencias producidas durante el año 2012 en la ejecución de los contratos celebrados por las entidades locales de aquellas comunidades, como las citadas, sin órgano de control externo propio, al que ha tenido acceso Europa Press.
Según el citado informe, muchas de las incidencias producidas en la ejecución de los contratos se debieron a las “deficiencias” que se produjeron durante la preparación de los expedientes contractuales, que podían haber sido previstas con anticipación.
Asimismo, señalan que las causas “generales” de la extinción de contratos han sido los incumplimientos de los plazos de ejecución, la falta de financiación y recursos económicos por parte de las entidades locales o de los contratistas, así como las irregularidades surgidas en las fases de preparación, anteriormente mencionadas.
Además, en muchos de los casos en los que los contratistas han sido los responsables, no consta que se haya realizado por parte de la Administración una valoración de los perjuicios causados ni el “posterior resarcimiento de los mismos”. Por el contrario, en los casos en los que la responsabilidad ha sido de la Administración, ésta sí se ha visto obligada a indemnizar al contratista.
En cuanto a la modificación de contratos, el Tribunal de Cuentas ha detectado, por ejemplo, que en los contratos iniciales no se detallaban las condiciones para llevar a cabo cambios posteriores, muchos de los cuales derivaron en desviaciones del precio inicial e importantes retrasos.
“La modificación de los contratos durante la fase de ejecución llegó a desvirtuar, en algún caso, el procedimiento de adjudicación, al variar significativamente las condiciones económicas iniciales, en perjuicio de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, así como los de eficiencia y economía en la ejecución del gasto público”, añaden.
También se han detectado “importantes desviaciones temporales no justificadas, con el consiguiente retraso en la entrega del servicio público, llegando en algún caso a alcanzar hasta el 433 o el 480% con respecto al plazo inicialmente previsto”. Además, muchas de estas demoras no estuvieron amparadas en la concesión de prórrogas.
Asimismo, el informe pone de manifiesto que muchas de las entidades se han visto a abonar intereses de demora, con el “consiguiente perjuicio al erario municipal”, debido al retraso en el pago de las prestaciones objeto de la contratación.
Los ayuntamientos de las citadas Comunidades Autónomas también incumplieron “mayoritariamente y de forma sistemática” en 2012 la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información referente a las incidencias en la ejecución de contratos.
Recomendaciones
Por todo ello, el organismo fiscalizador recomienda a las entidades locales de estas regiones que tramiten con “mayor rigor” las fases de preparación y adjudicación de los contratos, para que no se produzcan modificaciones que implican “demoras e importantes incrementos de costes”.
También pide que adopten las medidas necesarias para establecer un mayor control en la ejecución de los contratos para garantizar el cumplimiento de los plazos, y que utilicen los mecanismos previstos en la normativa para exigir responsabilidades a los contratistas si procede.
Asimismo, les insta a que sean más eficientes en la gestión del fasto derivado de la contratación, para evitar que el incumplimiento de las condiciones y los plazos en el pago a los contratistas de lugar a intereses de demora, “con el consiguiente perjuicio para los fondos públicos municipales”.