Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que presuntamente se dedicaba a conseguir tarjetas de residencia comunitarias a ciudadanos extranjeros gestionando matrimonios de conveniencia y que también estafaba a inmigrantes a los que prometía conseguir sus documentos por el procedimiento de arraigo sin llegar a tramitar las solicitudes. En la operación han sido detenidas un total de 13 personas, 10 en Valencia y tres en Tarragona, por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y estafa.
Según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado, para llevar a cabo sus actividades, la organización contaba con dos oficinas en Valencia donde archivaba la documentación de los extranjeros y de las que no daban señas para no ser localizados. Por las gestiones cobraban cantidades que iban desde los 4.000 euros por tramitar la residencia hasta los más de 12.000 por gestionar un matrimonio civil. Se estima que el número de ciudadanos extranjeros estafados puede llegar a mil.
La operación ha sido realizada por la Brigada Central contra las Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, en colaboración con agentes de la UCRIF de Valencia y de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Zaragoza.
DESARROLLO DE LA OPERACIÓN
La investigación se inició en Madrid a mediados de diciembre del año pasado, tras conocer de la existencia de un grupo, formado por ciudadanos españoles, que se dedicaba a tramitar documentación de extranjeros de forma fraudulenta.
Los agentes pudieron determinar que el centro de actividades de la organización era Valencia, así como que el responsable del grupo contaba con varios colaboradores a través de quienes gestionaba los papeles con los extranjeros. Además, adoptaba enormes medidas de seguridad, evitando aportar datos de sus oficinas a las víctimas, valiéndose de intermediarios para conseguir sus objetivos y empleando más de seis teléfonos móviles.
Las funciones de sus colaboradores eran citarse con los extranjeros para entregar y recibir personalmente la documentación y el dinero, y presentarlos ante diferentes ayuntamientos para conseguir los certificados de empadronamiento. También los trasladaban a los juzgados y ayuntamientos para llevar a cabo las bodas y, además, realizaban labores de administrativos en la 'pseudo-gestoría'.
Los investigadores pudieron determinar que el principal responsable del grupo no tenía nada a su nombre, y las cuentas bancarias donde los extranjeros ingresaban las cantidades que les solicitaban estaban a nombre de sus colaboradores.
MATRIMONIOS BLANCOS
El trabajo más habitual que realizaban era organizar matrimonios de conveniencia o matrimonios 'blancos', para lo que concertaban enlaces civiles entre españoles y extranjeros. La finalidad era conseguir para el extranjero una tarjeta de familiar de residente comunitario.
En estos casos los honorarios percibidos por la organización oscilaban entre 7.500 y 14.000 euros. Posteriormente se repartía entre los 'figurantes' del acto. Así, el ciudadano español que se prestaba para el acontecimiento podía cobrar entre 2.000 y 4.000 euros, los testigos que acudían al evento también recibían unos 300 euros y los recaderos o mensajeros cobraban 60 euros. Las personas que estaban empadronadas en localidades donde se iba a celebrar el matrimonio cobraban otros 200 euros por empadronar en su domicilio a alguno de los contrayentes.
Tras localizar a los españoles que querían contraer matrimonio, y una vez que tenían formada la pareja, les instruían para que no hubiera ningún error y pudieran superar el expediente previo. Para ello, el responsable del grupo les facilitaba documentación con numerosas preguntas para que los contrayentes conocieran las respuestas que debían contestar. Entre las preguntas figuran algunas como “¿Dónde pasaron las ultimas navidades? ¿Dónde viven los padres de ella? ¿El último y el primer regalo realizado por ambos? ¿Tiene su pareja algún tatuaje o cicatriz?”.
Otra de las gestiones que tenían que hacer con los contrayentes era acompañarles al juzgado en cuestión para presentar la solicitud de matrimonio y facilitarles los testigos necesarios para que manifestaran que no incurren en prohibición alguna. También les recordaban que debían ir bien vestidos y que no se olvidaran de los anillos, así como que éstos fueran de su talla.
Una vez unidos en matrimonio en el juzgado se dirigían inmediatamente a un notario para hacer una declaración de separación de bienes y posteriormente tramitaban la tarjeta de residencia para el extranjero aportando el libro de familia conseguido gracias al vínculo matrimonial.
DIVORCIO A LOS DOS AÑOS
La segunda parte consistía en la tramitación del divorcio, al año o a los dos años de contraer el matrimonio, por lo que les cobraban otras tarifas diferentes que no estaban incluidas en el concepto anterior.
Además, les informaban de que debían de 'reconvertir' las tarjetas de Régimen Comunitario al Régimen General, con las que podrían permanecer legales durante tres años, luego conseguir la permanente, y finalmente optar a la nacionalidad.
Una vez tramitado el divorcio, mantenían contactos con el extranjero con la única finalidad de conseguir de éste aún más dinero. En la situación de divorciado, le convencían de que para seguir estando en situación legal necesitaba disponer de un contrato de trabajo indefinido y estar dado de alta en la Seguridad Social.
Como lo habitual era que los extranjeros no tuvieran posibilidad de conseguir un contrato indefinido, el responsable de la organización desarticulada les ofrecía dicho contrato y el alta en la Seguridad Social. Los costes por ello eran de 1.200 euros por el contrato y 250 más cada mes por estar dado de alta en la Seguridad Social.
Para ello, la organización disponía de varias empresas a nombres de algunos de sus colaboradores donde mantenía dados de alta a los ciudadanos extranjeros, si bien, no realizaban ninguna actividad laboral. Además estas empresas tienen elevadas deudas con la Seguridad Social.
TRÁMITES QUE NO REALIZABAN
En otras ocasiones prometían conseguir documentos a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular y que les valdrían para poder regularizar su situación. Como norma general, se lo ofrecían a quienes llevaban en dicha situación más de tres años en España, convenciéndoles para tramitar su residencia por arraigo.
Una vez pactada la tramitación de los documentos, el extranjero tenía que abonar 4.000 euros y, a pesar de que la mayoría de ellos contaban con los requisitos necesarios para poder optar a una residencia por motivos de arraigo, en muchos casos ni siquiera llegaban a presentar las solicitudes ante los organismos oficiales.
Después, al darse cuenta las víctimas de que no obtenían la documentación, intentaban localizar a alguno de los miembros del grupo para pedirles explicaciones y para decirles que si no iban a conseguir los documentos tendrían que devolverles el dinero. Sin embargo, poco podían hacer ya que desconocían dónde tenían las oficinas y habían mantenido únicamente contactos telefónicos o mediante mensajeros o correos en diferentes puntos de la ciudad.
En la operación se han realizado dos registros en las oficinas que tenían en la ciudad de Valencia, en donde se ha intervenido numerosa documentación referente a la tramitación de las tarjetas de residencia, expedientes físicos, catorce teléfonos móviles, seis ordenadores con abundante información, discos duros y demás material informático.