Después de que el pasado martes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez Fernando Grande-Marlaska la reapertura de la investigación judicial sobre la contratación del Yakovlev-42, el jueves el magistrado dio un importante paso en ese proceso. Grande-Marlaska aceptó los testigos solicitados por la representación legal de las familias de los 62 militares españoles fallecidos en aquel accidente de mayo de 2003, entre los que figuran los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono. A éstos, el juez les ha ofrecido la posibilidad de declarar en persona o por escrito, una posibilidad, esta última, a la que sólo se acogera el actual número uno del PP por Alicante. Bono acudirá en persona.
Tras conocerse la aceptación de los testigos propuestos, el presidente de la Asociación de Familiares Afectados por el Accidente del Yakovlev-42, Pacho González, pidió a ambos ex ministros que “ya que se les ha dado la oportunidad de comparecer en persona les pedimos que lo hagan, que no desperdicien la oportunidad de realizar un acto de justicia hacia los fallecidos y que acudan en persona a la Audiencia Nacional ya que en alguna ocasión manifestaron no tener ningún incoveniente en hacerlo”. González expresó su “satisfacción” por la decisión del juez, aunque lamentó que las declaraciones de Bono y Trillo vayan a coincidir con la campaña electoral y puedan sufrir interpretaciones políticas.
Pese a la petición de los familiares, sólo uno de los ex ministros adelantó que acudirá en persona a declarar. Trillo indicó que colaborará con la Justicia “como siempre” para “el esclarecimiento de la verdad”, pero mediante una declaración escrita, para ser “plenamente riguroso y exhaustivo”, alegó. Por su parte, Bono, que dijo no haber recibido de momento la providencia, aseguró que acudirá a la Audiencia, porque, además de que desea “ayudar a la Justicia a esclarecer todo”, no quiere “privar a las partes de que puedan preguntarme”. A juicio del ex ministro socialista, un informe escrito es un modo de comparecer ante la Justicia “limitativo y no favorecedor de la instrucción”.
El juez Grande-Marlaska ha fijado para el 13 y 14 de febrero los testimonios del resto de testigos solicitados por las familias de los 62 militares fallecidos. Entre esos testimonios figura el ex secretario general de Política de Defensa (SEGENPOL) Javier Jiménez Ugarte; el ex jefe del Ejército, general Luis Alejandre Sintes; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto general Ibarreta; el ex jefe del Mando Aéreo de Levante; y el teniente coronel del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET), que elaboró un informe en abril de 2003 muy crítico con los transportes efectuados con aviones de las repúblicas ex soviéticas, considerándolos de alto riesgo. También acudirá el perito aeronáutico Cecilio Yusta.
EL TESTIMONIO DE UNA LLAMADA
Además, Grande-Marlaska ha aceptado la pretensión de la defensa de los familiares de que testifique Alfonso Agulló, hermano del cabo primero Agulló, fallecido en el accidente aéreo. A juicio de Leopoldo Gay, uno de los abogados de los familiares, las familias “podrían ilustrar muy bien la situación”, recordando un caso en el que uno de los militares le dijo a un familiar desde Afganistán antes de partir: “Llegaremos a Zaragoza a las seis de la mañana, eso si el avión llega porque tiene muy malas condiciones”.
En la providencia dictada por el juez, en la que se pide toda la prueba pericial expuesta en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, también se solicita oficialmente al Ministerio de Defensa y a la Agencia de Abastecimiento y Mantenimiento de la OTAN (NAMSA) -primera adjudicataria del contrato del Yak-42- que aporten a la Audiencia todos los detalles sobre “vuelos realizados a través” de la agencia de la OTAN, incluyendo “fechas, importes satisfechos, así como responsables de los mismos” y sobre las “actividades de inspección y control realizadas sobre los mismos, con indicación de los responsables de la ejecución de los contratos”.
A NAMSA, el magistrado le pide los datos de vuelos concertados con Defensa, “con expresión de fechas e importes percibidos, así como adjudicatario y ejecutor de cada uno de los mismos”, procedimientos de selección y adjudicación de los contratos, “la totalidad” de la documentación sobre el vuelo del Yak-42 y “el motivo o motivos esgrimidos por el Estado noruego para la cancelación de los vuelos concertados con esta agencia” y la fecha de la decisión. Grande-Marlaska ha decidido además tomar declaración al representante legal de la compañía británica Chapman Freeborn -primera empresa de la cadena de contratación del Yak-42- en un centro de carga aérea de Madrid.