El sindicato UGT ha señalado que la nueva empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio en la Cuenca del Cidacos, Óbolo SCA, ha sido denunciada hasta en trece ocasiones en el SAD de Alfaro por incumplir de forma reiterada el convenio colectivo, no reconocer la antigüedad de sus trabajadoras y adeudar dinero a la plantilla.
Además, UGT Servicios Públicos La Rioja afirma que las propias trabajadoras han denunciado ante la Inspección de Trabajo a Óbolo SCA por no entregar los equipos de protección individual (EPI) correspondientes, como calzado o guantes; así como por retrasos significativos en el pago de las nóminas.
Trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Alfaro han demandado a esta empresa por no haber recibido correctamente el finiquito que les correspondía, ya que Óbolo SCA pagaba las horas extra a 7,22 euros, muy por debajo de los 8,36 euros -más antigüedad- que recibían las trabajadoras por la hora ordinaria y a 14,47 euros las extraordinarias. Todas estas demandas están pendientes de juicio actualmente.
Hace justamente un mes, UGT denunciaba que el presupuesto recogido en el pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de la prestación del servicio, que establecía el precio máximo unitario en 18,48 euros (sin IVA) por hora de servicio prestado, iba a provocar a medio y largo plazo que la empresa no cumpliera con el convenio colectivo y con los derechos de las trabajadoras.
La adjudicación del servicio a Óbolo ha sido finalmente por 18,14 euros la hora de servicio prestado, 0,34 euros menos que el precio de salida de la Mancomunidad. Todo esto no hace más que darnos de nuevo la razón a UGT, como ya advertimos en nuestra rueda de prensa y en las cartas que se enviaron a los distintos ayuntamientos y a la Mancomunidad. En ellas, advertimos que, con un precio hora tan bajo y ajustado, sólo podrían optar a la adjudicación empresas piratas, conocidas por las faltas e incumplimientos reiterados del convenio colectivo de aplicación.
Por otro lado, UGT Servicios Públicos La Rioja ha manifestado diversas dudas sobre el proceso de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio y desmiente algunas de las acusaciones que ha vertido en las últimas semanas la presidenta de la Mancomunidad y diputada del Partido Popular, Catalina Bastida. Toda la información de la que dispone este sindicato provienen de datos que son de dominio público y que se obtienen a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado.
En primer lugar, la señora Bastida aseguró públicamente y en chats privados de su perfil de Facebook que no era cierto que en el servicio de ayuda a domicilio hubiese 44 trabajadoras en plantilla, ya que, según ella, eran “bastantes menos o 35”. En la propia plataforma con toda la documentación oficial hay colgado un listado del personal total a subrogar (anexo 6), con 44 trabajadoras exactamente entre personal fijo y eventual.
¿Por qué dice la señora Bastida que son 35 trabajadoras y no 44? El motivo es que en la memoria económica sólo han tenido en cuenta a las 35 personas que tienen un contrato indefinido, pero no a las que tienen un contrato por sustitución, a las contratadas eventuales o a las que están acogidas a una baja laboral. A UGT le preocupa que no se hayan incluido a esas 9 trabajadoras eventuales, que suponen un 20% de la plantilla, y a las que no se tiene en cuenta a la hora de hacer el cálculo.
Además, a UGT le gustaría que la presidenta aclarase por qué el sobre 3 de la oferta económica se abrió el día 24 de octubre, cuando, según el Perfil del Contratante, debería haberse hecho el día 11, y por qué los sobres 1 y 2 se abrieron el día 15, un día después de nuestra anterior rueda de prensa.
En segundo lugar, la señora Catalina Bastida aseguró, ese mismo día 15, que había dos empresas que habían presentado su oferta. Una era la empresa Centro Internacional de Idiomas SA de Madrid (CIDI), el día 10 de octubre a las 13:32h; y la empresa Óbolo SCA de Interés Social de Huelva, también ese mismo día a las 13:54h. El plazo límite para presentar solicitudes era ese 10 de octubre a las 14h.
En aras a la transparencia y la exactitud que demanda la presidenta de la Mancomunidad, UGT solicita que haga públicos los registros de entradas de esas dos ofertas, con el fin de comprobar de que es cierto que entraron en esas fechas, puesto que estos datos no aparecen en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por último, Bastida aseguró que nadie de UGT se había puesto en contacto con ella para preguntar sobre el pliego para la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio. Esta es una afirmación totalmente errónea, ya que el día 3 de octubre enviamos una carta a todos los alcaldes de la Cuenca, y a ella por duplicado como presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Autol, en la que mostrábamos nuestra preocupación por el bajo precio de licitación que se recogía en el pliego, así como para pedirles que modificasen el mismo para aumentar el precio/hora y el número de horas totales del servicio.
Si bien UGT reconoce que afirmamos erróneamente que la licitación se había quedado desierta en nuestra anterior rueda de prensa, queremos explicar que eso se debió a que la información que manejábamos en aquel momento desde el sindicato, a través de la información publicada en el perfil del contratante y a través de llamadas telefónicas a la empresa que presta actualmente el servicio y a la propia Mancomunidad, el día 11 de octubre, (fecha que tenía que haberse producido la apertura del sobre 3), nos confirmaban que habiendo finalizado el plazo de presentación de ofertas (día 10 de octubre a las 14 horas), no se habían presentado ofertas a esta licitación. Por tanto, desde UGT entendimos que se había quedado desierta.
Obviamente, estas informaciones no era del todo correctas porque el proceso ha finalizado con la adjudicación a la empresa Óbolo. Con todo, con los datos públicos y dada la imposibilidad de recibir otro tipo de información por parte de la presidenta, puesto que no había habido contestación el día 3 de octubre, esta era la información que manejábamos. En cualquier caso, esto no quita que el fondo de la cuestión, que era el bajo precio unitario por el que se había licitado, y que podía generar que se presentaran empresas incumplidoras, nos haya terminado dando la razón.