La creación de un salario social, la construcción de más VPO o la rehabilitación de viviendas son algunas de las demandas que UGT y Partido Socialista de La Rioja han coincidido. Sus máximos representantes regionales, Javier Granda y Francisco Martínez Aldama respectivamente, se han reunido en la sede del sindicato para tratar las peticiones en las que se basarán las enmiendas parciales que el PSOE presentará en el Parlamento.
Una vez rechazada la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de La Rioja para 2010, los grupos parlamentarios deben presentar enmiendas parciales. Las del PSOE se basarán en la necesidad de la creación de una renta básica de ciudadanía o un salario social que deberá recoger la futura Ley de Servicios Sociales que entrará en vigor el próximo año.
Además del salario social, UGT y PSOE coinciden en la necesidad de que el Gobierno de La Rioja fomente la construcción de más viviendas de protección oficial y que rehabilite otras tantas. Aunque va a ser difícil porque como ha dicho Martínez Aldama, la partida presupuestaria para la Consejería de Obras Públicas ha descendido sensiblemente en los PG de 2010.
El secretario general de los socialistas riojanos cree que también es importante un esfuerzo en el apoyo de la industria riojana que atraviesa momentos complicados por culpa de la crisis económica. Aldama ha criticado que mientras esto sucede, el Gobierno desciende la inversión en la Consejería de Industria.
QUE PAGUE EL QUE MÁS TIENE
Por su parte, el secretario general de UGT, Javier Granda, ha criticado “la carrera entre administraciones para ver quién baja más impuestos”. El sindicalista no está a favor del descenso de impuestos ya que cree que es necesario que los ciudadanos aporten al Estado y que sean los Gobierno los que redistribuyan la riqueza. “Por ello discrepamos con el Gobierno de La Rioja que baja los impuestos pero también la protección social”.
Granda ha recordado que a partir de 2013, La Rioja y España serán contribuyentes netos de la Unión Europea por lo que serán los Gobierno central y autonómico los que tengan que hacer frente a los gastos en infraestructuras que hasta ahora subvencionaba Europa.