Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Pamplona a tres responsables de empresas de construcción, uno de ellos de La Rioja, acusados de un delito de insolvencia punible y falsedad documental por generar una deuda de 257.210 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Las detenciones se produjeron como resultado de las investigaciones llevadas a cabo con los datos aportados por la Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social, en relación con supuestas actuaciones irregulares seguidas por responsables de una serie de empresas, encaminadas a eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social, según informó la Policía Nacional en un comunicado.
En concreto, se documentaba la constitución de cinco sociedades dedicadas a la construcción, que sucesivamente y tras generar cada una de ellas una importante deuda a la Seguridad Social por impago de cuotas de seguros sociales, se cerraba constituyendo otra mercantil a la que se derivaba la deuda de la anterior, que generalmente se declaraba como crédito incobrable.
Las empresas, dedicadas a la construcción y con domicilio social en Navarra para las que trabajaron 165 empleados, fueron creadas por uno de los detenidos colocando en varias de ellas a diversos 'testaferros' (los otros dos detenidos) para ocultar su responsabilidad.
Tanto la contratación como el pago de las nóminas se hacía a pie de obra porque las empresas no disponían de edificio social físico y no figuraban bienes como maquinaria o vehículos, ya que únicamente proveían de mano de obra a los constructores.
Al ser los trabajos subcontratados por empresas principales, los detenidos procedían al cierre de una sociedad mercantil y a la constitución de una nueva empresa cuando las deudas contraídas con la Seguridad Social les impedían concurrir a otra subcontrata, siguiendo la misma mecánica hasta su detención. De este modo, eludieron el pago de un total de 257.222,08 euros.
Los detenidos, J.B.C. de 56 años, nacido en Zaragoza y domiciliado en Pamplona; J.C.L. de 56 años, nacido en La Rioja y domiciliado en Navarra y a A.Z.T., de 26 años, nacido en Ecuador y domiciliado en Estella; fueron puestos en libertad tras prestar declaración, haciéndoles saber su obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando fueran requerido para ello.