El abogado de una de las afectadas por el caso de las bebés intercambiadas en el Hospital San Millán, José Sáez Morga, ha informado este viernes de que recurrirá ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja el acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se resolvía una indemnización a esta joven de 850.000 euros.
Según ha detallado Sáez Morga, “no se han tenido en cuenta todas las circunstancias ni la victimización de nuestra clienta”. Así, ha apuntado que esta parte demanda una cuantía de 3.010.000 euros, cantidad que, ha insistido, busca una “mitigación de ese daño moral” que ha sufrido su clienta, de la que ha recalcado que continúa “victimizada, no se puede hablar de una sanación ni muchísimo menos”.
Esa cifra se plantea como tope establecido en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de las indemnizaciones por responsabilidades en el ámbito sanitario.
Sáez Morga ha explicado que “no estamos de acuerdo con la cifra del Consejo Consultivo porque, incluso tomando lo mejor de ese documento, la indemnización que contempla por año los servicios jurídicos son 430.000 euros, por dos años por siete bienios, nos vamos a la cantidad que reclamamos 3.010.000 euros. Eso vamos a seguir defendiendo”.
De esta manera -ha explicado el abogado- “nosotros en estos dos meses interpondremos el recurso y después habrá un plazo para formalizar su contenido”.
Crítica por enterarse por los medios
Durante su intervención, el abogado de la demandante ha querido expresar también “su desacuerdo” a la hora de producirse las notificaciones del acuerdo del Consejo de Gobierno ya que, como ha indicado, se enteró por los medios de comunicación y ha reivindicado “el papel de los profesionales del derecho para que, por lo menos, al mismo tiempo que se filtra una información se dé conocimiento a los interesados”.
Como ha insistido, “ya no es posible la reparación pero, al menos, se trata de la mitigación de ese daño moral” de su clienta.
Los hechos
Aunque el caso trascendió en el año 2021, los hechos sucedieron en el año 2002, en el ahora derruido hospital San Millán de Logroño, cuando dos niñas llegaron al mundo con cinco horas de diferencia y, cada una de ellas, fue entregada a la familia de la otra tras pasar por la incubadora.
La ahora demandante nunca vivió con los padres a los que fue entregada y fue criada por la teórica abuela (en realidad abuela de la otra niña) que consiguió su tutela.
En el año 2017 la abuela quiso presentar una demanda de alimentos al padre al que había sido entregada y una prueba genética sacó a la luz que realmente no lo era. Posteriormente se descubrió que tampoco era hija biológica de la madre a la que había sido entregada.
Además, salió a la luz que el grupo sanguíneo que tenía asignado en su historia clínica era erróneo. “Es algo que afecta al ámbito privado y al orden público porque el registro no puede tener datos inexactos, como tampoco las historias clínicas por la Ley de Salud de La Rioja”, resaltó en su momento el abogado de la demandante, José Saez Morga.
Su letrado instó a que se le otorgara el beneficio de la mayoría de edad y, con esta condición, se dirigió a la Inspección Médica de la Dirección General de Asistencia, Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud pidiendo su identificación.
Inspección abrió una investigación con un abanico de niños que determinó que la confusión sólo podía haberse dado con la otra niña, que nació con cinco horas de diferencia y con la que tiene el grupo sanguíneo cambiado. Otra “anomalía” que se encontró fue el seguimiento del peso, que no cuadraba.