Los responsables de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) han creído conveniente comparecer ante los medios de comunicación para explicar que la medida de convertir las viviendas libres que lleven un año sin venderse en viviendas de protección oficial, anunciada recientemente por el Gobierno de La Rioja, es “un engaño a los ciudadanos”. Con esta rotundidad se ha manifestado Juan Ramón Liébana, secretario de la patronal de la construcción. “Los ciudadanos no van a tener viviendas libres a precio de vivienda protegida”.
En su opinión, la iniciativa pendiente de su aprobación definitiva que se incluye en el plan de la consejería de Vivienda afecta “obligatoriamente” a aquellas promociones que tengan más de un año de antigüedad y en las que haya resultado imposible vender una sola casa. “¿Acaso el consejero [en referencia a Antonino Burgos, responsable autonómico de esta competencia] sabe de alguna promoción libre en la que no se haya vendido un solo piso durante un año entero?”.
Desde CPAR se sostiene también que esta medida permanecerá en vigor por poco tiempo, dado que dejará de ser válida el 1 de enero de 2009, cuando termine el plazo del actual plan de vivienda. La iniciativa, por tanto, sólo tiene un carácter publicitario, dado que “redunda en una mayor ralentización de la actividad del sector de la construcción y promoción y ello influye directamente en el aumento del paro”, ha afirmado Juan Ramón Liébana. Desde su punto de vista, “esta medida nunca se va a poner en práctica en La Rioja porque jurídicamente es imposible y resulta antieconómica”. No en vano, su aplicación supondría que los constructores venderían por debajo del coste empresarial, “algo que las entidades financieras no le permitirán”.
MEDIDAS
El secretario de CPAR ha detallado algunas de las medidas que podrían contribuir a impulsar el sector de la construcción y, por otra parte, facilitar el acceso a la vivienda a los consumidores.
Entre estas iniciativas se incluye la ampliación de las condiciones de la hipoteca joven a los compradores de vivienda protegida de precio pactado y concertado; la supresión de la prohibición de no poder vender este tipo de viviendas en el mercado libre hasta que no hayan transcurrido al menos treinta años y, en tercer lugar, incrementar el coeficiente del precio máximo de venta aplicable a la vivienda protegida de precio pactado con objeto de despertar el mayor interés de los constructores.