El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander encomendó ayer a los Servicios Sociales la custodia de una niña de tan sólo 12 años que ingresó en un hospital de la ciudad con un aborto en curso y una gran hemorragia. Por el momento, la patria potestad le ha sido suspendida a la madre, de nacionalidad rumana, por 30 días, mientras se investigan las circunstancias que rodean a la menor, que según las estimaciones, estaba embarazada de 12 semanas.
Fue el servicio de Urgencias de la Residencia Cantabria el que alertó al Juzgado de Guardia en torno a las siete de la mañana del pasado lunes, cuando una niña de 12 años ingresaba en el servicio de maternidad con un aborto en curso y presentando una importante hemorragia. Según las estimaciones que realizaron los médicos, la menor podría estar embarazada de 12 semanas.
En torno a una hora después de la llegada de la menor al hospital, su madre, B.S., de nacionalidad rumana, y el compañero sentimental de esta (que en un principio se presentó en el hospital como el padre de la joven, pero aún no se ha demostrado tal relación), solicitaron el alta voluntaria de la niña para llevársela a casa, motivo por el que el Juzgado declaró la situación legal de desamparo de la menor y prohibió su marcha del hospital.
Por ello, el Juzgado decidió que sean los Servicios Sociales los que, durante los próximos 30 días, se hagan cargo de la custodia de la menor mientras las investigaciones sobre su situación siguen su curso para esclarecer si fue víctima de un abuso sexual.
SUPRESIÓN DE CUALQUIER CONTACTO
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander no sólo decidió en su auto, dictado el pasado lunes, retirar temporalmente la patria potestad de la niña, sino que prohibió que tanto la madre como su compañero sentimental mantengan cualquier tipo de contacto con la menor durante los 30 días en los que su custodia pertenecerá a los Servicios Sociales.
Asimismo, el Juzgado traslada a la Fiscalía la decisión de la revocación o mantenimiento de la decisión y para que inste las medidas necesarias ante el Juzgado de Menores. Mientras tanto, servicios técnicos de la protección del menor evalúan a la niña para determinar y recoger en sus informes si ha sido objeto de abandonos anteriores por parte de los imputados.