La denuncia inicial data de Septiembre de 2009. En ese momento, Ecologistas en Acción acudía a la Fiscalía por un presunto delito contra el medio ambiente. El resultado: la imputación de José Miguel Lázaro, gerente de la empresa Lázaro Conextrán, por la destrucción en octubre de 2007 de 4,5 hectáreas del bosque natural junto al Parque del Cidacos.
Por esos mismos hechos, el juzgado investigó un posible delito de prevaricación administrativa por parte del entonces alcalde, Javier Pagola, por no haber sancionado a la empresa por una infracción contra el planeamiento urbanístico calificada como muy grave por la LOTUR. En noviembre de 2011 los juzgados de Calahorra dictaron un auto de sobreseimiento provisional de la causa. Posteriormente se presentaron dos recursos que, en ambos casos fueron desestimados.
Una vez finalizado este procedimiento, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja, reclamando su intervención ante la negativa del Ayuntamiento a sancionar a la empresa por la infracción cometida. Fruto de la misma, la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja obligó al Ayuntamiento del PP a abrir un expediente sancionador. Finalmente se decidió cerrar sin sancionar “de forma absolutamente ilegal ya que dicha decisión la tenía que haber aprobado el Pleno y lo hizo directamente el alcalde”, según denuncian los grupos de la oposición.
EL ACTUAL PROCEDIMIENTO
Fue en ese momento en el que se creó una plataforma compuesta por Ecologistas en Acción, la Plataforma Vecinal 'Salvemos el Parque', el Grupo Municipal del PSOE y el del PR+. Se inició entonces un nuevo proceso que arrancó con la presentación de un Contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de cerrar el expediente sin sanción.
El proceso judicial concluye ahora con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, ante la cual no cabe recurso, y que da la razón a los cuatro colectivos. Este documento, al que ha tenido acceso Rioja2, declara nulo el cierre del expediente sin sanción por parte del alcalde de Calahorra, por lo que nuevamente se tendrá que reabrir el caso.
Los miembros de la plataforma esperan “una sanción ejemplar a los responsables de la destrucción ilegal de un bosque natural de ribera en el Sector Cidacos perpetrada en octubre de 2007”. Exigen además “la asunción por parte de Luis Martínez Portillo de las responsabilidades políticas y judiciales que se desprendan de sus propias maniobras políticas y de las de los servicios jurídicos y técnicos municipales para , vulnerando la legalidad, arrogarse competencias que correspondían al pleno, y permitir que no se sancionase a nadie, llegando incluso a negar la destrucción ilegal de más de 1500 árboles y arbustos, en el único interés de beneficiar a los infractores”.
Tras esta sentencia a favor de los cuatro colectivos, “exigimos el inmediato acatamiento de la misma por el Partido Popular, la reapertura del expediente sancionador, una sanción conforme a la ley, así como la restitución del bosque arrasado por cuenta de los responsables de su destrucción”.