UPyD nació en septiembre de 2007 de manos de conocidas caras de la política y la cultura española como la ex eurodiputada socialista Rosa Díez, Fernando Savater y Mikel Buesa. A lo largo de este periodo ha conseguido entrar tanto en el Congreso de los Diputados en las primeras elecciones generales en las que participó como después en el Parlamento vasco y el Parlamento Europeo.
En el momento de su creación, la formación nació con unos estatutos provisionales que fijaban que el partido debía celebrar un Consejo pasados dos años. Siguiendo con este mandato, el cónclave tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre para renovar tanto el Consejo de Dirección como el Consejo Político.
En este Congreso también se votarán los estatutos definitivos de la formación, de los que ya se redactó un borrador en el Consejo Político que UPyD celebró en el mes de julio. Ahora, los afiliados cuentan con un periodo para presentar las enmiendas que consideren oportunas. Fuentes del partido adelantaron que la mayoría de las enmiendas proponen mejores técnicas, aunque también se ha presentado alguna a la totalidad.
Según las previsiones, estas normas de funcionamiento incluirán algunos puntos novedosos en una formación política, como la limitación de permanencia de los cargos de dirección a dos mandatos. La única excepción a este punto es el cargo de portavoz, que podrá alargarse durante tres mandatos.
DIMISIONES Y EXPULSADOS
Sin embargo, un sector del partido ha mostrado durante los últimos meses su descontento con la gestión de la actual dirección y no está dispuesto a permitir a Rosa Díez que continúe liderando la formación sin escuchar sus críticas.
De hecho, UPyD decidió el pasado mes de junio abrir expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia a 14 de sus dirigentes, algunos de ellos ex coordinadores autonómicos y provinciales, por anunciar en una página web alternativa a la oficial su intención de presentar una candidatura.
Esta decisión se produjo poco después de que Mikel Buesa, uno sus fundadores, anunciara que abandonaba el proyecto por el “control férreo y autoritario” con el que, según aseguró, era dirigido. Buesa denunció entonces que la dirección anulaba “el debate político interno y la capacidad de los militantes de ser partícipes”.