Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un hombre de 53 años, residente en Aldeanueva de Ebro, como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico, tras ocasionar graves daños en el yacimiento arqueológico romano 'La Torrecilla', ubicado en el término municipal de Calahorra.
Las obras realizadas por el implicado han alterado y deteriorado gravemente el yacimiento, lo que se considera un daño, lesión o menoscabo al Patrimonio Arqueológico. Este impacto se agrava al haberse llevado a cabo dentro de una zona delimitada como Bien de Interés Cultural (BIC), con la consecuente pérdida irreparable de información histórica sobre materiales que pudieron formar parte de diversas estructuras de la época romana.
Esta intervención se enmarca dentro de los servicios que el SEPRONA desarrolla en La Rioja para combatir el robo y expolio en yacimientos arqueológicos y proteger el patrimonio histórico. Agentes de la patrulla de Autol detectaron la ejecución de obras en varias parcelas del polígono 47 de Calahorra, dentro del yacimiento “La Torrecilla”. Dichas obras, que consistían en la roturación del terreno para la plantación de viñedo y la instalación de un sistema de riego, provocaron graves daños en piezas arqueológicas, tales como cerámica común, restos de adobes, sillares, tinajas y sigillatas.
Tras identificar a la persona responsable, se comprobó que no contaba con las autorizaciones necesarias para realizar las obras, que debían haber sido emitidas por el Ayuntamiento de Calahorra y la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja. Ante esta situación, se notificó a la Dirección General de Cultura, a través del Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico.
Técnicos arqueólogos se desplazaron al lugar para verificar y evaluar los daños causados por los movimientos de tierra, que afectaron prácticamente toda la superficie del yacimiento. Los expertos confirmaron daños significativos en numerosos fragmentos de cerámica, con una cronología que abarca desde la época celtibérica hasta la tardorromana.
La Consejería llevará a cabo sondeos arqueológicos para determinar con exactitud el porcentaje del yacimiento destruido y el que se conserva, así como para evaluar el impacto económico y cultural causado por el investigado. Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Medio Ambiente.
El Artículo 323 del Código Penal recoge que estas actuaciones pueden ser castigadas con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos.