Unas 15.000 firmas piden en La Rioja que se impulsen medidas para atender a las víctimas de violencia sexual y, entre estas medidas apuntan la apertura del centro de atenición integral especializada. Las firmas las han presentado actividas de Amnistía Internacional en la Consejería Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja. Y es que La Rioja, junto con Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana aún no han puesto en marcha estos centros de crisis 24 horas y se acaba el tiempo porque ya sólo tienen 50 días para que estén listos.
Y es que, estos estos centros, contemplados en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual, ponen en práctica la recomendación del Consejo de Europa de ofrecer una atención continua e integral, psicológica, médica y legal a mujeres víctimas de violencia sexual, con independencia de que decidan denunciar o no la agresión.
La Ley de Libertad Sexual, conocida como la “Ley de Sólo Sí es Sí”, establece que las administraciones deben dar una respuesta integral con atención especializada y accesible para las víctimas, mediante el establecimiento de centros de crisis abiertos las 24 horas del día durante los 365 días del año. El compromiso era abrir 52 centros, uno por cada provincia, además de otro en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a finales de 2023. La Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas. Tras conseguir una prórroga de un año para su puesta en marcha, “los objetivos están lejos de cumplirse. Las comunidades autónomas recibieron recursos económicos de los fondos Next Generation, sobre los que deberán responder en caso de no cumplir con los plazos establecidos”, recuerdan desde Amnistía.
Tan sólo hay 8 centros abiertos de los 52 previstos
A lo largo de este año, sólo se han abierto 8 de los 52 centros previstos en Santander (Cantabria), Bilbao, San Sebastián y Vitoria (País Vasco), Murcia (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), Pamplona (Navarra), Albacete (Castilla La Mancha) y Melilla. Antes de que entrara en vigor la ley, ya existían otros dos, uno en Madrid (2019) y otro en Oviedo (2020). Madrid abrió un segundo centro en marzo de 2023.
Por esta razón, desde Amnistía Internacional ponen el foco en las comunidades donde todavía no hay un centro de estas caraterísticas porque les preocupa la atención prestada. “Que las comunidades autónomas no cumplan con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un problema de voluntad política. Una voluntad política que choca con dos evidencias: la primera, que la violencia sexual es una realidad que se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad; la segunda, que el número de denuncias presentadas por las mujeres aumenta cada año porque cada dos horas, se denuncia una violación en España”, asegura la portavoz de Amnistía Internacional en La Rioja, Zoralys del Valle.
Por todo ello desde la entidad valoran la presión que está ejerciendo el Ministerio de Igualdad a las comunidades para que aceleren la puesta en marcha de estos centros y consideran acertada la advertencia de la ministra que asegura que las comunidades que no cumplan, deberán devolver el dinero recibido. Porque lo importante consideran que son las víctimas y su preocupación se centra en ellas, “en las víctimas de violencia de violencia sexual quienes siguen sin recibir una atención adecuada por la falta de interés de algunas comunidades autónomas y de seguir así esta situación, la atención que reciban estas mujeres será diferente dependiendo del lugar donde se cometió la agresión sexuall o de dónde viva la viva la víctima”.
. Además, si continúa esta situación a partir del 31 de diciembre, la atención que reciban estas mujeres será diferente dependiendo del lugar donde se cometió la agresión sexual o de dónde viva la víctima“, censura Del Valle.
Aumentan los delitos contra la libertad sexual
Más de 2,8 millones de niñas y mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, siendo las mujeres en situación de discapacidad y las mujeres nacidas en el extranjero y residentes en España las que más sufren este tipo de violencia, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019.
El último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge datos desde enero a septiembre de 2024, señala que el número de delitos contra la libertad sexual aumentó casi un 5% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el aumento de las denuncias por violación se ha incrementado en casi un 7%.
Según fuentes de Interior, casi el 90% de las víctimas de delitos sexuales contra la libertad sexual son mujeres y niñas y el 95% de los responsables de estos delitos son hombres.