Según Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, el principal problema de las mujeres en prisión como colectivo se identifica con su condición de minoría. Al representar tan sólo el 8,5 por ciento de la población penitenciaria (exceptuando a Cataluña que tiene las competencias transferidas), las mujeres presas gozan de menos espacios e infraestructuras.
Esta realidad, unida al elevado tanto por ciento de mujeres que han sufrido violencia de género en prisión, más del 80 por ciento, ha movido a Instituciones Penitenciarias, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, a poner en marcha el Observatorio del Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Penitenciario.
Según Gallizo, que encabezará la comisión, se ha pretendido formar un grupo de expertos compuesto por personas de “distintos ámbitos que aportarán iniciativa y mirada crítica que ayude a mejorar la situación”.
Como primera medida se ha optado por hacer un repaso crítico a la situación de estas mujeres, concluyendo que se trata de un colectivo compuesto en su mayoría por condenadas por delitos de tráfico de drogas a pequeña escala, en muchos casos relacionados con su dependencia de las drogas.
Una de las medidas ya destinadas a las presas que tienen hijos menores de tres años son las Unidades de Madres donde, de hecho, ya convivien unas doscientas mujeres con sus hijos. Se han proyectado cinco unidades más de este tipo.
Se trata de instalaciones fuera de las prisiones que favorecen la integración de las presas y mejora la vida de los menores. Esas Unidades de Madres serán posibles, entre otras cosas, porque los delitos por los que cumplen condena las mujeres no suelen conllevar violencia contra otros y no representan, en ese sentido, un peligro para la sociedad.