Anticorrupción endurecerá su trato a CDC tras la decisión del Palau de no acusar al partido en el 'caso Millet'

Los delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Catalunya, Pedro Ariche y Emilio Sánchez Ulled, están indignados. La decisión del Palau de la Música de limitar su escrito de acusación por el expolio de la institución musical al que fue su presidente, Félix Millet, y a su director general, Jordi Montull, y de dejar fuera a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha causado estupor en el ministerio público.

A pesar de que el juez instructor del caso, en su auto de apertura de juicio oral, estableciera que CDC se benefició al menos de 5,1 millones de euros del expolio del Palau, ya contaban con que la principal víctima del escándalo de corrupción no fuera dura en exceso con Convergència. No en vano, cuando Garrigues Abogados ejercía la acusación particular en nombre del Palau, la presencia en el despacho como socio del que fuera secretario general de Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat, Joaquim Triadú, ya propició una posición más que suave de la acusación particular con CDC. Cuando Triadú abandonó Garrigues para incorporarse a PriceWaterhouseCoopers (PwC), se llevó como cliente al Palau de la Música.

Por esa razón, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que no les queda más remedio que endurecer su acusación contra los miembros de CDC imputados y contra el propio partido. Y, aunque el juez instructor del caso, Josep Maria Pijuan, cifró en 5,1 millones de euros el dinero del Palau que acabó en las arcas de Convergència, los representantes del ministerio público no descartan elevar la responsabilidad del partido de Artur Mas hasta los 12 millones que siempre han considerado que se desviaron de la institución musical a la formación política.

Los fiscales ya contaban con que la Diputación de Barcelona, que también ejerce la acusación particular en el caso, no acusaran a los cargos de Convergència imputados en el caso. Al fin y al cabo, desde que Convergència ganó la alcaldía de Barcelona en 2011 por primera vez, la Diputación de la provincia está controlada por CDC. A media instrucción, la Diputación de Barcelona decidió destituir a los abogados que hasta entonces la representaban en el 'caso Palau', por su beligerancia con Convergència, para sustituirlos por letrados mucho más favorables al partido del hoy presidente Artur Mas. Así que el hecho de que la Diputación eludiera acusar a los miembros de CDC imputados no les sorprendió.

Sin embargo, y a pesar de que esperaban una posición suave del Palau de la Música, los fiscales percibieron como una bofetada la decisión de la institución musical de no acusar a ninguno de los imputados de CDC. Esperaban peticiones de pena suaves, pero no una ausencia total de acusación. Especialmente, porque su presencia en el banquillo de los acusados es la que justifica que el juez haya establecido una responsabilidad civil de 5,1 millones de euros para Convergència, que mantiene embargada la sede nacional del partido en la calle Còrsega de Barcelona.

Peores pronósticos

Peores pronósticosPero finalmente se cumplieron los peores pronósticos. El Palau de la Música, que ejerce la acusación particular en la causa por el saqueo de la institución, pide 81 años de prisión para su expresidente Fèlix Millet por el expolio, sin exigir a CDC responsabilidad civil alguna por los 5,1 millones que el juez cree que se embolsó de la entidad cultural.

La presidenta del Orfeó Català y el Palau de la Música, Mariona Carulla, presentó el 26 de septiembre en rueda de prensa su escrito de acusación que, además de Millet y su mano derecha Jordi Montull, se dirige contra otras 14 personas, entre ellas las esposas de los máximos dirigentes del Palau, que han sido exculpadas por el juez instructor. Entre estas personas no figura ninguno de los cargos de CDC ni de Ferrovial imputados por los 5,1 millones de euros que, según el juez, se embolsó la formación a través del Palau de la Música, principalmente en concepto de comisiones ilegales que la constructora pagó supuestamente a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Jordi Pujol.

El portavoz del Palau de la Música, Carles Cuatrecasas, insistió en que la entidad se reserva “de forma expresa” el ejercicio de acciones legales para reclamar “a cualquier entidad física o jurídica” el dinero que la sentencia crea probado que fue desviado de la institución, aunque eso sería en un proceso civil posterior. Los responsables del Palau, acompañados en la rueda de prensa por el abogado de la firma PwC que los representa, Javier Zuloaga, han destacado que en su escrito de acusación se han ceñido a“estrictos criterios jurídicos” y han argumentado que de la instrucción del caso no se desprende “suficiente” prueba para inculpar a CDC. Para Cuatrecasas, la posición del Palau en este caso es “ejemplar”, desde el punto de vista ético, en “estos momentos con tantos juicios paralelos”. Y ha insistido repetidamente: “Esto no inculpa ni exculpa a nadie”.

Los fiscales ya estaban molestos con la decisión del juez Pijuan de dar por terminada la instrucción en el momento que lo hizo. Pijuan parece haber dado prioridad a la velocidad a la hora de cerrar la investigación del expolio del Palau de la Música Catalana a manos del expresidente de la institución, Félix Millet, y de su mano derecha y exdirector general Jordi Montull. Millet y Montull, además, desviaron, según el auto emitido por Pijuan el pasado día 12 de julio, más de cinco millones de euros para la financiación ilegal de Convergència en diversas operaciones, sin que el juez haya sentado a alto responsable alguno del partido.

Puig y Gordó

Puig y GordóDe hecho no consta que hayan sido investigadas dos de las personalidades a las que se señalaba como responsables últimos de la financiación de CDC: el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, que hasta 2003 era al mismo tiempo secretario de organización de Convergència y consejero de Obras Públicas; y el actual consejero de Justicia, Germà Gordó, en aquel entonces gerente del partido con unas atribuciones muy superiores a las del tesorero.

El magistrado responsabiliza de la financiación de CDC por Ferrovial a través del Palau de la Música al tesorero del partido, Daniel Osàcar, a su predecesor, Carles Torrens, fallecido en 2005, y al influyente diputado Jaume Camps, durante años hombre de Javier de la Rosa en Convergència, pero afirma que la operación fue posible porque contó “con la intervención de otros altos cargos del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat y otros organismos públicos locales vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública. La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción”.

Los delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Catalunya, Pedro Ariche y Emilio Sánchez Ulled, están indignados. La decisión del Palau de la Música de limitar su escrito de acusación por el expolio de la institución musical al que fue su presidente, Félix Millet, y a su director general, Jordi Montull, y de dejar fuera a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha causado estupor en el ministerio público.

A pesar de que el juez instructor del caso, en su auto de apertura de juicio oral, estableciera que CDC se benefició al menos de 5,1 millones de euros del expolio del Palau, ya contaban con que la principal víctima del escándalo de corrupción no fuera dura en exceso con Convergència. No en vano, cuando Garrigues Abogados ejercía la acusación particular en nombre del Palau, la presencia en el despacho como socio del que fuera secretario general de Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat, Joaquim Triadú, ya propició una posición más que suave de la acusación particular con CDC. Cuando Triadú abandonó Garrigues para incorporarse a PriceWaterhouseCoopers (PwC), se llevó como cliente al Palau de la Música.